Y van ocho

La autora del artículo, profesora jubilada, pasa revista a las leyes de educación que ha conocido hasta ahora la democracia española

Desde que a España arribó el actual período de democracia han sido ya ocho los textos legales que se han aprobado para regular la enseñanza en el país, lo que nos da una media de unos 5 años de vigencia para cada uno. ¿Sorprendente? No, si se tiene en cuenta que el asunto se ha convertido en un toma y daca y que, en realidad, no es que un texto sea mejor o peor que otro. Es, a mi modo de ver, el resultado de una constante lucha entre la enseñanza concertada y la pública y una eterna batalla por la omnipresencia de la Iglesia en la formación de los niños y los adolescentes.

Hasta ahora, con cada nueva ley, con mayores o menores aciertos, se han hecho modificaciones en algunos aspectos del currículo y sus nomenclaturas; se ha normalizado, aunque adoptando maneras bastante similares, el modelo de evaluación y, por tanto, de promoción; se le ha dado o se le ha quitado importancia a la libertad de los centros y a su órgano de decisión, el Consejo Escolar; se ha optado por llamar diversificación o programa de refuerzo a los cursos en los que se inserta el alumnado con dificultades para seguir el currículo general y otras modificaciones similares. En definitiva, cambios  poco significativos en los que no sería demasiado aventurado pensar que podría haber consenso.

Sin embargo, el caballo de batalla no está en las horas que tiene Filosofía o cualquier otra materia, el número de asignaturas con las que se puede pasar de curso, ni siquiera el tan cacareado estos días papel que juegan el español o las otras lenguas oficiales, ya que, de lo que se trataba en su origen, cuando se pusieron en marcha las prerrogativas de las autonomías, era de dar cabida a las lenguas maternas, que sí habían sido históricamente perseguidas. Afortunadamente, hoy en día su pervivencia en el sistema educativo está asegurada, al igual que el uso  generalizado del español, idioma que se imparte y se emplea en los centros y que, desde luego, estudia la totalidad de la ciudadanía de este país, por lo que no corre ningún riesgo de desaparecer. Se llama bilingüismo y constituye una gran suerte para quienes pueden tenerlo. Además, resulta curioso que jamás se haya visto a estas familias y a estos políticos que hoy se manifiestan, protestar por la existencia de los centros bilingües o, incluso, por la total ausencia del español en los centros privados en los que el único idioma es el inglés, o los liceos, donde las clases y las actividades son sólo en francés. Esa hipotética defensa del español es sólo una excusa, una manera de desviar la atención, porque nuestra lengua no está en riesgo, es más, avanza por el mundo.

El trasunto es, como decía, que a día de hoy no hayamos sido capaces de expulsar de las aulas los adoctrinamientos religiosos y que, como ocurre en la ley en estos momentos aún en vigor, que incluso cuente en la nota del curso. Ser un buen creyente, te sube la calificación. La Iglesia, que fue durante siglos la única depositaria de la enseñanza, jamás abandonará la pelea por estar presente y, todo apunta a que mientras siga en vigor el Concordato con la Santa Sede, no va a ser posible alcanzar una educación laica en este país, algo que incumple la Constitución que, de este modo, queda por debajo del vetusto acuerdo entre España y el Vaticano. Los teoremas matemáticos, las leyes de física y el análisis de textos históricos y literarios, por ejemplo, siguen compartiendo espacio con las más esotéricas teorías de la trinidad. La ciencia y la creencia, una a cada lado del pasillo.

Y el otro factor es la concertada, sostenida con fondos públicos pero que cobra al alumnado cuotas y extras diversos y que, en la práctica significa, aparte de un suculento negocio, una segregación social y económica de los estudiantes, ya que estos centros no reciben el grueso de alumnado con déficits socioeconómicos, ni a los que proceden de barriadas marginales, ni inmigrantes desfavorecidos,… Cuando los padres y las madres piden libertad para elegir el colegio de sus hijos, lo que quieren es que en sus clases no se sienten gentes poco deseables para ellos. Lo que defienden es que todos los españoles les paguemos una educación elitista en la que no esté presente la diversidad global de nuestra sociedad, sólo los elegidos, en base a una serie de prejuicios económicos, raciales, sociales, etc.

Pero esto tiene la virtud del círculo, ya que la concertada, en un porcentaje abrumador está en manos de la Iglesia, con lo que volvemos al punto de salida y nos topamos de nuevo con la santa institución y con sus intereses que son fundamentalmente de dos tipos: económicos y de adoctrinamiento.

No voy a defender la LOMLOE, lo que he leído de ella no me merece una valoración especial, no entra a resolver uno de los mayores problemas que tiene el sistema educativo español, la masificación de las aulas. Después nos vienen los de la OCDE y los de los informes PISA y similares y nos dicen que estamos a la cola de Europa. Lógicamente, no es lo mismo atender a 30 alumnos –en secundaria pueden ser hasta 33 y en bachillerato hasta 40- que a menos de 15 como tienen en muchos países, como los nórdicos. Este asunto de las ratios es fundamental y mientras sigamos con agrupamientos de mediados del s. XX va a ser del todo imposible modernizar nuestro sistema y atender al alumnado de forma personalizada, algo que se viene recalcando desde hace décadas. Tampoco promueve un cambio metodológico, aunque en estos aspectos casi mejor que las leyes sólo lo propicien, ya que los legisladores, por lo general, no tienen ni idea de cuestiones pedagógicas y es mejor que estos asuntos se queden para los expertos. Y eso que el momento -con el nuevo diseño de clases que ha tenido que hacer el profesorado empleando la no presencialidad y los recursos online, algo que les ha supuesto un esfuerzo tremendo que, por lo general, la sociedad no les reconoce- es el idóneo para plantearse alternativas y adoptar metodologías motivadoras e innovadoras, aprovechando  el verdadero caudal que significan las nuevas tecnologías. Aunque hay que decir algo que resulta conmovedor, y es comprobar cómo después de todo el confinamiento anterior y el diseño el curso actual en el que las clases presenciales vuelven a estar en peligro, la gran mayoría del alumnado quiere ir al colegio y al instituto, echan de menos a sus compañeros y prefieren a un docente de carne y hueso que a uno en la pantalla. Por cierto, que gracias a cosas como estas aguanta el profesorado, porque sabe que su papel en la vida de su alumnado forma parte, primero, de la magia de la infancia y, más tarde, de las certezas en la volátil adolescencia.

Tampoco he leído ni oído que la nueva norma vaya a significar un incremento de los recursos económicos.  Algo que siempre me ha sorprendido. Por mi edad y mi profesión he sido víctima de este eterno deambular de una ley a otra y, exceptuando a la quizá erróneamente denostada LOGSE -porque no fue peor que todas las que le siguieron- ninguna ha llevado parejo un incremento de las asignaciones para educación, ni una dotación especial para los centros, ni una modernización de mobiliario y materiales, ni una mejora y adecuación de infraestructuras, ni un aumento de las plantillas. Sólo la gratuidad de libros y aquellos pequeños ordenadores que se repartieron hace ya algunos años, han sido actuaciones de aumento presupuestario, pero estas surgieron desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por lo que no iban unidas a ningún proyecto nuevo de ley nacional.

Lo único por lo que, en mi opinión, está siendo tan cuestionada la Ley Celaá desde los sectores de la derecha española, es porque promueve la protección del modelo público y que los recursos se empleen, fundamentalmente en ella, tratando de equilibrar la situación y que las desventajas de las familias más necesitadas no se traduzcan en una formación de peor calidad para sus hijos y que la escuela, que es el más poderoso instrumento para la igualdad, no signifique una vuelta más de tuerca que impida salir de la marginalidad a muchos de nuestros niños y jóvenes. Algo con lo que, hipotéticamente, los muy católicos deberían estar de acuerdo, porque se supone que todos somos iguales, además de hermanos.

Fotografías: José Luis Tirado

Malgara García Díaz, profesora y escritora
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