Joven magrebí aparece ahorcado en su ducha de la cárcel de Botafuegos

ACAIP-UGT reclama que se incorpore la figura de un psiquiatra a la plantilla del centro penitenciario

Un joven de 19 años, de origen magrebí, que se encontraba encarcelado en el centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras, fue hallado muerto en su celda durante la jornada del pasado lunes. Según el sindicato Acaip-UGT, todos los indicios apuntan a que el interno se habría ha apuntado que el interno se habría quitado la vida con una sábana a la par. Dicha central denuncia, en este contexto, que la cárcel algecireña carece de especialista en psiquiatría. Esta circunstancia se reproduce en numerosas prisiones españolas, a pesar de que la patología dual es mayoritaria entre la población reclusa de nuestro país.

A través de un comunicado de prensa, el sindicato asegura que el hallazgo del cadáver se produjo a última hora de la mañana del lunes en el módulo 15, cuando el funcionario de servicio localizó al interno colgado de la ducha con una sábana. Los servicios médicos no lograron reanimarle y confirmaron su fallecimiento.

El joven fallecido llegó hasta Algeciras en diciembre del pasado año, en una conducción procedente del centro penitenciario de Ceuta, bajo la clasificación de segundo grado tratamental. Apenas ha durado un año en prisión, ya que su ingreso se produjo en marzo de 2020. Desde entonces y según Acaip-UGT, «había estado tres veces en aislamiento provisional por razones de seguridad, debido a peleas y también hasta por tres veces se le aplicó el protocolo de prevención de suicidios, atendiendo a criterios facultativos. Inadaptado al régimen ordinario de vida, el último altercado fue hace tres dias, por presentar síntomas compatibles con haber consumido tóxicos. Fue trasladado a la enfermería, donde terminó agrediendo a un funcionario que tuvo que ser atendido tanto en la enfermería del centro como en una clínica de la ciudad».

Dicha sección sindical de Acaip–Ugt en Algeciras insiste en que la Relación de Puestos de Trabajo de dicho centro no recoge la figura de un psiquiatra, «a pesar de que contamos con más de 300 internos que toman medicación psiquiátrica a dosis elevadas. Nuestro centro sale provisionalmente adelante con un psiquiatra contratado que viene tres veces al mes, lo que es a todas luces insuficiente y se refleja en la larga lista de espera de internos para ser tratados».

Acaip-UGT subraya que solo hay dos psiquiátricos penitenciarios en las cárceles gestionadas a escala estatal, en Sevilla y Alicante, por lo que reclaman a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias que incorpore dicha figura a las plantillas carcelarias.

863 personas fallecieron en las cárceles españolas entre 2015 y 2020. Y, en su conjunto, los suicidios abundan pero no se trata de la primera causa de defunción entre rejas. Desde hace años, se establece en algunos casos la compañía de un “preso sombra” que vigile de cerca a aquellos que presumiblemente pudieran atentar contra su propia vida. Años atrás, se dio la circunstancia terrible de que un suicida en ciernes causó la muerte a puñaladas del interno que le cuidaba.

España tiene uno de los menores índices delictivos de la Unión Europea pero, al mismo tiempo, uno de los mayores contingentes de presidiarios. Quizá por ello el ministerio del Interior ha valorado incluso la posibilidad de incentivar económicamente a los responsables carcelarios que faciliten la evolución al tercer grado y el alivio del censo carcelario. El día a día de la inmensa mayoría de nuestra geografía penitenciaria se ve marcado por episodios de violencia, agresiones y reyertas, por sistemas tan controvertidos como el régimen FIES, las sujeciones mecánicas o el régimen de aislamiento. También, por asuntos aparentemente triviales pero terribles como registros humillantes a familiares, laberintos judiciales no siempre bien resueltos a pesar de los esfuerzos de la abogacía, traslados sin sentido, el transporte desde el centro de las ciudades a este extraño mundo en el extrarradio o la permanencia en prisión de personas con serios problemas mentales y de drogodependencias, una patología dual que quizá encontraría mejor acomodo en programas de salud mental o comunidades terapéuticas.

Por estas y otras reivindicaciones, numerosos presos llevan realizando huelgas de hambre temporales desde hace años, una protesta que apenas ha trascendido al exterior de las cárceles.

Uno de los asuntos pendientes que figura en la agenda de Angel Luis Ortiz, al frente otra vez de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, estriba en dar cumplimiento a la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que dispone que “los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”. Lo que pasa es que muchas comunidades se resisten a ello: un dineral que no siempre será felizmente compensado.

¿Qué pasa cuando faltan médicos, enfermeros o farmacéuticos y hay que establecer turnos? Que durante el fin de semana no hay nadie en dichos servicios y hay dosis farmacológicas que deben racionarse a diario y que, cuando llega el viernes, tienen que repartirse en un solo día los preparados que tienen que tomarse a lo largo de esa jornada, el domingo y el sábado. Un festival de psicotrópicos, benzodiazepinas, antipsicóticos o ansiolíticos. Ese es el principal asesino que opera en las prisiones: un cóctel explosivo de química, sobredosis y dejadez administrativa. Los responsables carcelarios conocen al dedillo estas sospechas, pero sigue sin ocurrir nada, salvo una muerte tras otra, las protestas de Tu Abandono Me Puede Matar o de los familiares a los que por cierto tampoco siempre se les ofrecen las explicaciones y la piedad necesaria en estos casos.

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