Ruiz Boix declara como investigado por el proyecto Fondo de Barril

El alcalde de San Roque, denunciado junto con Cepsa y la Junta por el grupo ecologista Verdemar, confía en las actuaciones llevadas desde el Ayuntamiento

Mañana lunes, el alcalde de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, está citado a declarar en calidad de investigado como consecuencia de las supuestas irregularidades en las obras del proyecto Fondo de Barril, de Cepsa. Tras haberse aplazado el pasado miércoles, se encuentra previsto que su comparecencia tenga lugar, a las 9.30 horas, en el Juzgado Mixto número 1 de los de esta localidad sanroqueña, en calidad de investigado por las presuntas irregularidades en las obras del proyecto Fondo de Barril, de Cepsa.

La Fiscalía de Área de Algeciras interpuso una demanda ante los Juzgados de San Roque contra Cepsa S.A.U. en el contexto de las diligencias previstas 411/2020 por presuntas irregularidades en las obras del proyecto Fondo de Barril, a partir de una denuncia elevada al Ministerio Público por parte del grupo ecologista Verdemar Ecologistas en Acción Campo de Gibraltar, que amplió posteriormente su denuncia inicial al Ayuntamiento de San Roque y a la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

El supuesto delictivo que esgrimió Verdemar estribaba en la “presunta comisión de delitos de prevaricación urbanística y ambiental, relativos a la protección de la flora y fauna, contra los recursos naturales y el medio ambiente, y sobre el patrimonio histórico, definidos en los artículos 319 y siguientes del vigente Código Penal”.

“En el día de hoy he conocido, primero por la prensa, que estoy citado para declarar en el procedimiento que Verdemar ha emprendido contra distintas licencias de lo que se conoce como el proyecto Fondo de Barril –adujo Ruiz Boix en la web municipal–. En este caso, por una licencia de una red de tuberías que se desarrollaban en la zona de extensión de nuestro PGOU, de la modificación del mismo que permitía sumar en el entorno del Polígono Industrial de Guadarranque 29 hectáreas de suelos industriales”.

El alcalde señaló que su declaración tiene lugar en el curso de un procedimiento “que impulsa Verdemar en contra de unas resoluciones que siempre han estado avaladas por los técnicos municipales y por la asesoría jurídica de esta casa. Unas decisiones que se han tomado para facilitar y promover que exista mayor riqueza y empleo en el municipio, que es el reto principal donde debemos estar todos los responsables políticos”.

“El día 15 -dijo Ruiz Boix- acudiré a esa citación judicial con la conciencia tranquila de que todas mis decisiones como alcalde vienen avaladas por los distintos informes técnicos y jurídicos. Sí lamento que esta citación haya llegado antes a la prensa que a mí, y sobre todo el escaso tiempo” disponible para preparar el asunto. Señaló que “ahora mismo mi abogado está trabajando en conseguir más tiempo, y conocer todo lo que haya en ese procedimiento, todas las diligencias previas que se hayan podido realizar y la cantidad ingente de papeles que compondrá ese expediente. Hasta la fecha 10 de febrero, todavía ni había sido personado ni citado ni declarado como investigado” en este asunto judicial.

Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, se muestra tranquilo ante la comparecencia

En ese contexto, el alcalde recordó que el proyecto del Fondo de Barril “se planteó en 2010, y estamos ya en 2021. Casi once años después y todavía ese expediente no está terminado”. El alcalde entiende que este largo proceso obedece perfectamente a las actuaciones cautelares dictaminadas por el Ayuntamiento.

En su ampliación de denuncia, Verdemar entendía, sin embargo, que las instituciones pretenden blanquear una actuación cuanto menos negligente ante las iniciativas de Cepsa S.A., que, desde su punto de vista, «ejecutó obras que implicaban desmontes y movimientos de tierras para la urbanización del terreno destinado a la instalación Fondo de Barril, con sujeción a las licencias municipales, todas las licencias referidas se otorgaron sin esperar a la aprobación definitiva de los instrumentos de ejecución urbanística. Las referidas licencias serían nulas de pleno derecho, pues se basan en una modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial (PEYSI, aprobado en 1993) en el Área de la Bahía en el T.M. de San Roque sobre el Área del Complejo Petroquímico del Grupo Cepsa».

Se trataría, según Verdemar, de un «burdo, inútil e ilegal intento de convalidar unos trabajos que ya se han ejecutado en su mayoría, con afecciones ambientales consumadas, pero que trasluce la «preocupación» de Administraciones competentes y del promotor en «limpiar» su actuación».

«Esta maniobra legal no hace sino confirmar la denuncia reiterada por la organización: La ejecución de las obras de urbanización para la instalación y funcionamiento del proyecto Fondo de Barril sin someterse a la preceptiva evaluación de impacto ambiental», afirman los ecologistas quienes entienden que «los movimientos de tierra» han producido «afecciones a hábitats protegidos y flora amenazada».

Serían actuaciones contrarias al propio Plan General de Ordenación Urbana vigente en el término municipal de San Roque, pero también conculcan «las normas sectoriales en materia de flora, fauna y hábitats, las parcelas ya han sido removidas, y con ello, se habrían eliminado las poblaciones de flora amenazada que allí existían».

«Todos los acebuches (Olea europaea var. sylvestris) y el matorral acompañante se han desmontado, y no consta que haya existido un señalamiento previo por parte de la guardería forestal», asegura Verdemar, bajo cuyo criterio «el Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Fondo de Barril inventaría especies amenazadas y hábitats protegidos que se habrían visto irremediablemente afectados a consecuencia de los desmontes y movimientos de tierras».

«Se destacan, entre otros, hábitats comunitarios por su condición de prioritarios, lo que pone de relieve la importancia de los ambientes naturales que se habrían eliminado, y que pese a no formar parte de un espacio natural protegido integrado en la Red Natura 2000, obligaba a una exigente justificación de su afección, en aplicación del espíritu de la Directiva 92/43/CEE Hábitats y la legislación española de transposición», aseguraron, en su día, en un comunicado público.

También afectarían las actuaciones al entorno de Carteia, buena parte de cuyo trazado urbano se encuentra situado precisamente bajo la refinería, a raíz de su proceso de construcción, dirigido en su día por intereses del Gobierno central, que pretendía que la refinera fuera una de las principales piezas de la llamada “política de escaparate” respecto a Gibraltar.

«A los impactos reseñados habría que sumar las probables afecciones a los yacimientos arqueológicos presentes en todo el área. Como quiera que la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Cultura impuso mediante Resolución de fecha 11/04/2016, recaída en EXPT. A-21/16 (1083), las medidas cautelas arqueológicas que se imponían al promotor de las obras sólo han beneficiado a una parte de la Unidad de Ejecución (U.E.1), por lo que mucho nos tememos que se hubieran sacrificado restos de gran valor», denuncian.

En ese sentido, aseguraban que se habrían realizado “las obras preparatorias de la urbanización de la Unidad sin esperar a los pronunciamientos ambientales preceptivos, con lo que las cautelas arqueológicas durante la fase de ejecución han podido descuidarse, o no realizarse».

El debate sobre industrialización enfrenta argumentos ecologistas y macroeconómicos. Fotografía: José Luis Tirado

Al ampliar su denuncia al Ayuntamiento, Verdemar recalca lo que entiende como “actitud perseverante del alcalde de San Roque en el mantenimiento de los efectos de la presunta comisión de delitos”.

En la denuncia ecologista, se habrían aportado algunos testimonios recogidos por medios de comunicación –en especial Andalucía Información y Viva Campo de Gibraltar–, en los que, según recogen ambos medios Ruiz Boix pedía a Cepsa “mayor tino” a la hora de presentar la documentación del proyecto tras una serie de “incorrecciones habituales”, “además de calificar de “valiente” la licencia concedida para los movimientos de tierra”.

O sea, que Verdemar deduce que el alcalde actuó “a sabiendas de la ilicitud de las licencias” y lo acusa de pretender “vanamente” convalidar “a posteriori” la “situación irregular de las mismas” al introducirlas en una modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Interior (Peysi), aprobado en noviembre de 2018 y del que no se había procedido a su publicación “en una lamentable dejación de funciones”. Y el alcalde sostiene lo contrario, que el Ayuntamiento actuó con pulcritud a la hora de desarrollar el proyecto bajo las necesarias garantías urbanísticas.

Este asunto ha llegado a ser debatido en el Parlamento de Andalucía por parte de la parlamentaria sanroqueña Angela Aguilera, no adscrita tras el proceso de escisión sufrido en el seno del grupo “Adelante Andalucía”, cuya portavoz actual es la algecireña Inmaculada Nieto, de Izquierda Unida.

Aguilera llegó a acusar a la Junta de Andalucía de intentar dar cobertura legal al proyecto, Fondo de Barril, a pesar de que cuenta con causas judiciales pendientes. Sin embargo, el consejero de Transformación Económica, Industria, Comercio y Universidades, Rogelio Velasco, asumió la legalidad de las autorizaciones medioambientales concedidas por la Junta de Andalucía. “En julio de 2019 declararon de interés estratégico el proyecto Fondo de Barril. Ese mismo mes, la Fiscalía investigaba por presunta prevaricación urbanística, ante un proyecto que podría estar contraviniendo el artículo 320 del Código Penal”, protesta Aguilera, asegurnado que tras la denuncia de los ecologistas “inmediatamente, ustedes se ponen manos a la obra para dar cobertura legal a un hecho presuntamente delictivo. Es delito hacer un desmonte cuando no se tiene licencia, hacerlo con un movimiento de tierras de un volumen superior al que recoge la licencia, que ha podido afectar a la flora y la fauna y al patrimonio histórico”.

“Y no solo consienten eso, sino que dan una Autorización Ambiental Integrada a un proyecto que sigue estando sub iúdice y en manos de los tribunales. El futuro verde de Andalucía no puede pasar por dar cobertura a quienes no cumplen con la ley. El proyecto está multado por el Ayuntamiento de San Roque con 1,9 millones y que sigue en los tribunales. Califican la AAI como no sustancial cuando lo es, porque el oleoducto pasa por una zona urbana. Y se basa en trabajos ya ejecutados. Y dan cobertura a un desmonte público. Dan la oportunidad a quien no actúa conforme a la ley a que regularice esa situación. 300 puestos de trabajo no son causa suficientes para hipotecar el futuro de Andalucía”, concluye Aguilera.

Precisamente, esa multa a la que se refiere la diputada podría ser alegada por Ruiz Boix para desacreditar la denuncia interpuesta en su contra. A favor del alcalde quizá juegue también un hecho asumido por Verdemar en otro de sus comunicados. Y es que “a raíz de la denuncia de esta de Verdemar con fecha 9 de agosto de 2019, el Ayuntamiento de San Roque efectúa las pertinentes inspecciones que terminaron en sanciones. Como reacción a la gravedad de los incumplimientos descritos, la empresa refinera ha iniciado los trámites tendentes a legalizar ambientalmente, a posteriori, todos los movimientos de tierra, su gestión y viales realizados en el Área CP2-PEI. Suelo Urbano No Consolidado, mediante la adición al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Es improcedente evaluar a posteriori las afecciones ambientales del citado. A los impactos reseñados, habría que sumar las probables afecciones a los yacimientos arqueológicos presentes en toda el área”.

A juicio del consejero Velasco, por otra parte, “todas las autorizaciones ambientales que dependen de la Junta de y han sido emitidas Andalucía cumplen escrupulosamente con la ley”.

“El resto de actuaciones que permanecen por ser ejecutadas corresponden exclusivamente al Ayto de San Roque. En primer lugar, las actuaciones de reparcelación de los terrenos donde se ubica la obra; en segundo lugar, la aprobación del estudio de detalle; y en tercero, el proyecto de urbanización. Puedo asegurar que estamos en permanente contacto con el Ayuntamiento y con la empresa Cepsa, para asegurarnos de que se cumple escrupulosamente la legalidad”.

Las posturas sobre la industria, su presente y su futuro difieren a escala campogibraltareña. Fotografía: José Luis Tirado

Todo este debate se produce en un contexto de desindustrialización progresiva del Campo de Gibraltar, denunciado por los sindicatos y que constituye otra de las claves de la denuncia ecologista, dado que Verdemar aprecia “una incoherencia total en la UGT comarcal con sus compañeros de la capital de España. Mientras desde UGT- Madrid proclaman la descarbonización de la economía, aquí defienden la ampliación brutal del negocio petrolífero de Cepsa”.

A juicio de Verdemar, en otro de sus frentes de oposición al proyecto en su conjunto, el hecho de ampliar las instalaciones de la petroquímica Cepsa representa un “ataque a la línea de flotación de la Estrategia de la Comisión Europea presentada en 2016 y denominada “paquete de invierno”, “Energía limpia para todos los europeos”, COM (2016) 860 final), que se ha desarrollado a través de diversos reglamentos y directivas. El objetivo de estas iniciativas es facilitar y actualizar el cumplimiento de los principales objetivos vinculantes para la UE en 2030 de un 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990”.

Tampoco entienden “cómo un proyecto fosilífero anclado en el pasado puede compatibilizarse con esta Estrategia comunitaria. El PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 de España, tiene como objetivo avanzar en la descarbonización, sentando unas bases firmes para consolidar una trayectoria de neutralidad climática de la economía y la sociedad en el horizonte 2050. Como enfatiza en su formulación: La ejecución de este Plan transformará el sistema energético hacia una mayor autosuficiencia energética sobre la base de aprovechar de una manera eficiente el potencial renovable existente en nuestro país, particularmente el solar y el eólico. Esta transformación incidirá de manera positiva en la seguridad energética nacional al disminuir de manera significativa la dependencia de unas importaciones de combustibles fósiles que suponen una elevada factura económica y que está sometida a factores geopolíticos y a una volatilidad elevada en los precios”.

Desde su punto de vista, el proyecto de Cepsa “contradice el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica”. Y “tampoco respeta la Estrategia de Transición Justa del Marco Estratégico de Energía y Clima, un instrumento de ámbito estatal dirigido a la optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo hacia la transición ecológica de la economía, y a la identificación y adopción de medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a trabajadores y territorios en dicha transición”.

Los ecologistas reconocen que esa Estrategia de Transición Justa se aplicó, en principio, “a las cuencas mineras de carbón afectadas por el cierre, posteriormente a los municipios con sus centrales térmicas de carbón también afectadas. Es hora de que esta Transición Justa se aplique también en zonas y comarcas afectados por la irreversible descarbonización industrial, como es el caso de los complejos petroquímicos”.

En su descargo, el alcalde Ruiz Boix recuerda que el proyecto obtuvo “la declaración de impacto ambiental que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente. Y en enero de este mismo año, hace tan solo unos días, se obtuvo la autorización ambiental integrada que corresponde a la Junta de Andalucía. Ahora es cuando se inicia la tarea municipal de algunos trámites urbanísticos, y cuando se ha aprobado de forma inicial la reparcelación”.

El proyecto de reparcelación, de hecho, “va a ser publicado y por tanto sometido a exposición pública, y a la posible presentación de alegaciones por parte de quien así lo desee -precisó el alcalde-. En los próximos días, cuando concluya ese periodo de exposición pública, valoraremos, si hubiese, las alegaciones que se presenten, y se determinará o no la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación”.

“Cuando concluya esa primera etapa -añadió- habrá otra segunda, de trámite administrativo conocido como estudio de detalle, que también tendrá que someterse a exposición pública. Y por tanto habrá una aprobación inicial, un estudio y valoración de las posibles alegaciones y luego, si procede, una aprobación definitiva”.

El alcalde enumeró que “el tercer y último escalón de trámites administrativos será si procede la aprobación del proyecto de urbanización y la licencia de obra del proyecto”.

“Por tanto, estamos ante un Estado español social y de derecho, con muchísimas habilidades garantistas para que ese proyecto se pueda realizar con todas las garantías y todos los avales técnicos medioambientales y jurídicos que corresponden”, sostuvo.

Por otro lado, el regidor sanroqueño se refirió “al debate” que existe sobre la idoneidad de este proyecto. Por un lado, desde el Gobierno del Estado “apuestan por una inversión que algunos cifran en mil millones de euros”, mientras desde la Junta de Andalucía se cuenta con “el aval del proyecto estratégico, que así lo recogía una resolución del Consejo de Gobierno, señalando esa misma cifra, que no seré yo quien la avale sino que me ceñiré en las propuestas técnicas y a la petición de licencia”. En cuanto a la creación de empleos, también se habla de “un alto número”, aunque “no voy a avalar esa cifra hasta que no la constate”.

“Ese debate -añadió- ha estado durante mucho tiempo en los medios de comunicación. En algunos sectores a favor de ese proyecto se me ha tachado de que soy un obstaculizador, que frena esa inversión y que la retarda”.

Por otro lado, recordó que “existen otros grupos, que principalmente lo representan Verdemar, los ecologistas y algunos grupos asociados a los círculos de Podemos y Adelante Andalucía. Se han manifestado de forma rotunda en contra, y me denuncian y señalan que tengo según ellos complicidad en el proyecto”.

“¿A quien le digo que tiene la razón? ¿Con cual de esos dos grupos está este alcalde? -se preguntó-. Con el de la legalidad, porque todas las decisiones que yo alcanzo siempre vienen con informes técnicos y jurídicos que avalan cada una de esas resoluciones”, concluyó Ruiz Boix.

Verdemar Ecologistas en Acción, en cambio, insiste en que una serie de movimientos de tierra y de afección al entorno natural exceden los de los permisos concedidos para esos trabajos previos. También afirma que existió “omisión en la evaluación de impacto ambiental de los movimientos de tierras y otras obras en otros ámbitos del proyecto”. Entre ellos, los que señala en otro de los puntos de sus alegaciones, al referirse a la “evaluación ambiental extemporánea de actuaciones ya ejecutadas que vulneran la normativa de protección del patrimonio arqueológico”.

El debate sobre el proyecto Fondo de Barril llegó incluso a la Diputación Provincial de Cádiz, de la mano del diputado del Grupo Popular Javier Rodríguez Ros, en una iniciativa de respaldo al mismo, que fue aprobada con los votos de su formación política, de Ciudadanos y de los diputados del PSOE, a excepción de su vicepresidente, el alcalde sanroqueño Juan Carlos Ruiz Boix, que se encontraba ausente de la sesión. La propuesta apuntaba al desbloqueo de los trámites administrativos previos necesarios “para que se puede a llevar a cabo una importante inversión privada que va a generar un gran empleo en la zona”.

Según Rodriguez Ros, este proyecto de Cepsa consiste en la construcción y explotación de una nueva unidad de proceso, a fin de “adaptar el proceso productivo de la Refinería a las actuales exigencias del mercado, a través de la redistribución de productos hacia cortes más ligeros y de mayor valor añadido, que tendrán una menor incidencia en el medioambiente”.

La refinería contaba ya en ese momento con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, pero no con los permisos necesarios por parte del Ayuntamiento de San Roque y, de hecho, el diputado popular llegó a quejarse por las pegas que estaba poniendo al mismo el Ayuntamiento de San Roque, “retrasando la concesión de licencias municipales desde hace meses cuando se trata de un proyecto con un impacto importante tanto en términos de inversión como en empleo”. Otro argumento más para la defensa de Ruiz Boix. Veremos, como diría Miguel Ángel Aguilar.

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