Robar y matar

Paloma Fernández Gomá invita a reflexionar sobre la controvertida relación entre la naturaleza del delito y las penas que se le pueden imponer, con la corrupción política como telón de fondo

No hay peor mentira que una verdad a medias. Reza el dicho. Y entre dichos y refranes se sedimenta la sabiduría popular; que puestos a hablar de sabiduría, no hay una tan exacta como la que nace del pueblo. Sin ataduras ni temores a qué dirán, además se fundamente en la experiencia, el más valioso de los legados. Contar una verdad sin dar todos los datos que certifiquen su autenticidad, es llevar a los oyentes o interlocutores, a posibles dudas, e incluso a explorar un camino que se aleje de la realidad que se pretende presentar, al teñirla con visos de autenticidad.

Un ejemplo que vivimos por desgracia con cierta frecuencia es el referido a las imputaciones o investigaciones sobre políticos. No es que pretenda quitar hierro al asunto, pero no todos los políticos son unos  corruptos, como se nos puede hacer ver muchas veces. Con o sin intención, se cuentan las verdades a medias y así nos hallamos ante una mentira que lesiona la credibilidad del investigado. Después de la noticia y las imágenes, el silencio y mucho más tarde el archivo del caso, que mire usted por donde pasa desapercibido, y sólo queda la noticia de la detención o arresto, causando así un daño irreparable a la persona.

Y metidos en el tema de la corrupción; me gustaría resaltar la mucha diferencia que tiene un delito de malversación o robo de caudales públicos, con un delito de sangre y no comprendo como al primero se le llegan a poner más años de cárcel que al segundo. Si se roba que se devuelva hasta el último céntimo y que no se vuelva a desempeñar ese cargo de por vida y si hay cárcel, que se cumpla, pero sin pretender dar un escarmiento público para calmar las protestas de un pueblo que se ve engañado. 

No es lo mismo robar que matar. La vida es única e intransferible. Mientras que robar o malversar es detestable y se puede y debe restituir lo apropiado de forma fraudulenta desde el primero al último céntimo, lo cual se debería llevar a cabo desde el dictamen de los tribunales; y si para ello hubiera que cambiar las leyes, debería haber consenso entre los partidos para que así fuera.

Si se devolviera lo sustraído, el pueblo no se sentiría engañado y el culpable lo pagaría en su día a día, viendo como cambia su vida. Además debe verse alejado por ley del cargo que desempeñaba, sin existir opción para volver a desempeñarlo. De esta forma también se vería la política como una actividad sin puertas giratorias y la opinión pública se sentiría representada con todas las garantías. 

No hay partido ni persona libre de culpa, por lo cual la ley y la justicia deben de caminar conjuntamente para conseguir la garantía total de todos y cada uno de los miembros que sostenemos una sociedad democrática. Una sociedad fuerte y cohesionada se basa en un estado de derecho garante de las leyes y una justicia que las aplique. 

La separación de poderes: legislativo, judicial y ejecutivo sostienen la democracia, garantizando su independencia. Hablar de política es democráticamente saludable y necesario. Opinar es sentirse libre y en libertad elegimos a nuestros representantes, para exigirles el cumplimiento de sus compromisos. Si nos llegamos a sentir traicionados, debemos cambiar nuestro voto. Votar siempre la misma opción es como  santiguarse al pasar delante de una iglesia, sería un acto puramente reflejo.

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