Muere una persona apuñalada en un edificio ocupado en Algeciras

El Ayuntamiento asegura que intenta desalojar el inmueble con todas las de la ley

Una persona que no ha sido identificada públicamente fue apuñalada de muerte durante la noche del jueves, en un edificio abandonado en el Secadano, de Algeciras. La Policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y localizar al presunto autor material de los hechos.

La Sala CIMACC 091, según informan las autoridades policiales, recibió una llamada alertando de que se estaba produciendo una fuerte discusión con arma blanca en el edificio ocupado localizado en la citada calle algecireña de Ruiz Zorrilla.

A la llegada de los indicativos, los agentes encontraron a una persona con una herida producida presuntamente por arma blanca en el costado derecho. Cuando los sanitarios llegaron al lugar de los hechos solo pudieron certificar su muerte.

La Policía Nacional ha abierto una investigación bajo el protocolo de delitos violentos con agentes de la UDEV y Policía Científica para determinar los hechos e identificar y localizar al presunto autor del apuñalamiento.

A raíz de estos hechos, el Ayuntamiento de Algeciras está a la espera de que la Justicia autorice el desalojo del citado edificio ocupado, sito en el número 2 de la calle Patriarca Pérez Rodríguez esquina con María Auxiliadora, en el Secano.

El Consistorio, a través de la Delegación municipal de Urbanismo, y más concretamente del Departamento de Disciplina Urbanística, emitió un comunicado público en el que asegura que viene trabajando sobre esta cuestión desde el 10 de octubre de 2016, fecha en la que se incoó un expediente contra los responsables del mantenimiento del inmueble por dejación de sus responsabilidades.

“En tal sentido, y previa audiencia de todas las partes implicadas, se ordenó en su momento la ejecución de las tareas encaminadas a subsanar las deficiencias detectadas, a fin de mantener el inmueble en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, debiendo procederse a ejecutar las medidas que expresamente se detallaban, y advirtiéndoles a los obligados que el incumplimiento de lo ordenado podría dar lugar a la tramitación de procedimiento sancionador y a la adopción de cualquiera de las siguientes medidas: ejecución subsidiaria a costa del obligado e imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual por valor máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas”.

Realizadas sucesivas inspecciones, afirma el Ayuntamiento, se han impuesto sendas multas coercitivas a la entidad bancaria propietaria del inmueble, mediante decretos de 2 de mayo de 2019 y 18 de junio de 2021, debidamente notificadas y por importe de 510,58 euros cada una de ellas. Más recientemente, con fecha 9 de noviembre de 2020, se incorpora al expediente un informe de la Policía Local, emitido previa vigilancia del edificio en el que se acredita la existencia de indigentes que viven allí y se realiza reportaje fotográfico de la situación del edificio, indicando textualmente que “verificando el estado de insalubridad así como la peligrosidad por posibles incendios y haciendo constar que la mejor solución es proceder al tapiado de los accesos”.

Con fecha 19 de abril de 2022, se incorpora un nuevo informe de la Policía Local, en el que se relacionan las personas que pernoctan allí, manifestando que “tras informarles de la voluntad de cerramiento y conminarles en repetidas ocasiones a que abandonen dicho inmueble hemos detectado la existencia de varios pisos aún ocupados y receptáculos de pernoctas en el mismo edificio y de la existencia de movimientos diurnos y nocturnos en el inmueble así como de la imposibilidad de cerrarlo hacia la vía pública por el peligro de encarcelamiento de algunos de estos individuos en su interior”.

Ante la gravedad de los hechos, la Delegación de Urbanismo, “teniendo en cuenta el estado de alarmante falta de seguridad y respeto de las condiciones mínimas de salubridad e higiene, se ha resuelto proceder a la ejecución subsidiaria de lo ordenado, dando audiencia a los interesados y adoptando cuantas medidas sean precisas para restablecer las condiciones de conservación necesarias y adecuadas”.

Frente a las críticas suscitadas por su inacción, el comunicado municipal intenta explicitar cómo ha gestionado este asunto: “Es por ello, que lamentando los hechos acaecidos, el Consistorio aclara que lleva años intentando solucionar un problema que está generando numerosos riesgos no solo para la salud pública, sino también para la seguridad de las personas, pero cuya resolución definitiva se encuentra en manos de la Administración de Justicia”.

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