Inmigración: las muertes del Estrecho se multiplican en Canarias

El informe Derechos Humanos en la Frontera Sur sugiere que el confinamiento por la pandemia disparó también la emigración desde Marruecos, Argelia, Sáhara y Sahel

Más de 1.700 personas han perdido la vida intentando llegar a España en 2020, la cifra más alta de la historia, según recordó ayer los portavoces de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía que hicieron público su informe anual Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021.

El prestigioso informe, dado a conocer con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebró el domingo, dicha Asociación asegura que el incremento en el número de muertes, sobre todo en la ruta canaria, es consecuencia de la mayor distancia que esa travesía entraña, lo que incrementa su peligrosidad.

“Es el tributo debido a políticas migratorias criminales de la que son responsables tanto la Unión Europea como el Gobierno de España”, asegura la organización, que cifra en un 29% el incremento de las personas que -en 2020 y respecto a 2019- lograron acceder a territorio seguro a través de nuestra frontera (41.861 personas).

“Por ello –aseguraron durante su presentación en rueda de prensa–, la asociación pone de relieve una vez más la volatilidad de los planes diseñados por el Gobierno para conseguir reducir la llegada de personas migrantes, con consecuencias tremendas en cuanto al coste de vidas humanas. Y en general, pone en cuestión las políticas migratorias desarrolladas por el Gobierno de España y la Unión Europea, cuyo único norte es el control y rechazo de migrantes en la frontera sur”.

Para la organización, las migraciones son consustanciales a la historia de la humanidad y actualmente hunden sus raíces en las grandes fracturas que atraviesan el planeta: “Fracturas entre el Norte y el Sur global, fracturas provocadas por las emergencias climáticas, las guerras interminables, la esquilmación de los recursos naturales por los países del Norte global, y este año, la fractura de la pandemia de la COVID19. “Tratar de contenerlas a base de represión, militarización y criminalización, como intenta reiteradamente la UE y este Gobierno es un objetivo condenado al fracaso”, aseguran desde la APDHA.

“Todos los recursos destinados a las políticas migratorias se enfocan exclusivamente en evitar que lleguen o en expulsar a las personas que jugándose la vida, intentan llegar a al Estado español por la frontera sur, a pesar de que curiosamente significan tan sólo el 4,3% del total de las personas que entran en España”, explican.

Detallan que estos “ingentes recursos” van desde la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), cuyo coste supera ampliamente los 300 millones de euros, hasta los  Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), los centros de detención llamados CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros) y repartidos por toda Andalucía, cuando sigue en proyecto el macro CIE de Algeciras, los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) en Ceuta y Melilla o las vallas en ambas ciudades que, en palabras de la asociación, constituyen el “verdadero pozo sin fondo de los recursos del Estado”. También el despliegue de patrulleras o de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y “la compra millonaria mediante cooperación indecentemente condicionada de países terceros (Marruecos, Mauritania, Malí, Sudán, Chad, Guinea Conakri, Gambia, Costa de Marfil o Senegal…) para que ejerzan de países tapón y gendarmes de las fronteras de la Unión Europea”. Todo ello, critican, “a costa de incontables violaciones de derechos humanos en las que el Gobierno de España resulta ser cómplice”.

Portada del informe presentado ayer por la APDHA

Analizan que, si en un primer momento la pandemia ralentizó los flujos migratorios, finalmente ha espoleado el efecto huida de miles de jóvenes del Sahel, Sáhara, Marruecos o Argelia. Se está comprobando, arguyen, cómo trabajadores del sector turístico, pescadores y trabajadores precarios con las medidas anti COVID se han quedado sin ningún recurso y optan por intentar cruzar el Atlántico para migrar, o facilitar el tránsito migrante con sus embarcaciones”.

Informan a su vez de que el incremento de llegadas a Canarias en 2020 ha sido de un 756%, “y la respuesta del Gobierno ha sido de manual represivo y antihumanitario: miles de personas encerradas en condiciones inhumanas, con falta absoluta de garantías de respeto de los derechos humanos. Miles de personas durmiendo al aire libre y a ras del suelo en los puertos, insuficiente asistencia legal, madres separadas de sus hijos, cuarentenas eternas, condiciones insalubres, hacinamiento…” evidencian la absoluta falta de recursos destinados a la acogida por parte de este Gobierno, como en 2018 en las costas de Cádiz, recuerdan.

Lamentan que “el Gobierno ha decidido abandonar cualquier proyecto de vías legales y seguras, que se encontraba en el acuerdo del gobierno de coalición, y ha optado por la represión, la violación de los derechos humanos y la criminalización de las personas migrantes, como han hecho anteriores gobiernos del Partido Popular”.

La APDHA plantea que, para abordar democrática y humanamente los desplazamientos de personas en este mundo global, son imprescindibles “políticas dignas de acogida y establecer vías legales y seguras, como único camino para evitar que miles de personas pierdan la vida para encontrar un futuro con dignidad. Además, consideran de vital importancia seguir  denunciando las violaciones de los derechos humanos a las que se somete a las personas que intentan migrar, desde el origen, el trayecto y la llegada a las puertas de Europa. Por ello, la organización ha lanzado un crowdfunding para financiar el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur del próximo año, un trabajo lleva realizando 20 años y que incluye el análisis de los flujos, de las políticas migratorias y entre otros muchos aspectos, un trabajo de recuento del número de personas que mueren o desaparecen en su intento de aspirar a una vida mejor

Un momento de la conferencia de prensa en la que se presentó el informe

Han participado en la elaboración de este informe: Alba Sánchez Sanz, Amin Souissi Mohamed, Ana M. Rosado Caro, Ángel Madrid Delgado, Carlos Arce Jiménez, Cristina Fuentes Lara, Dévika Pérez Medina, Diego Boza Martínez, Jesús María de la Torre Cañadilla, Rafael Lara Batllería, Toché García Orenes y Yelena Morón Ortega, bajo la coordinación de Ana M. Rosado y Rafael Lara, que fueron los encargados de presentar su balance ante los medios informativos.

“El incremento de la llegada de pateras a nuestras costas durante el año 2020 pone de nuevo en cuestión unas políticas migratorias basadas en la represión y violación de los derechos humanos. Según las cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior, durante el año 2020 fueron 41.861 las personas que lograron traspasar la Frontera Sur española, lo que supone un incremento del 29% con respecto al año 2019. No debe dejar de resaltarse que en todo caso esa cifra sólo supone un 4,3 % del total de entrada de migrantes en España –puede leerse en las primeras páginas del informe que, no obstante, subraya la escasa fiabilidad de dichas cifras dado que los datos difieren según los diferentes organismos que contabilizan dicha incidencia–. En cualquier caso, el incremento en la Frontera Sur pone de  relieve la volatilidad de los planes diseñados por el Gobierno para conseguir reducir la llegada de migrantes. Y en general de las políticas migratorias desarrolladas por el Gobierno de España y la Unión Europea, cuyo único norte es el control y rechazo de migrantes en la Frontera Sur”.

Estas cifras demuestran que de nuevo España es la principal puerta de entrada por la Frontera Sur a la Unión Europea: “Los aludidos planes del Gobierno para reducir la llegada de migrantes por la Frontera Sur -tal como analizamos en nuestro Informe de 2020- se basaban en lograr conseguir una mayor implicación de Marruecos en el control de las migraciones por su territorio, tanto en las fronteras de Ceuta y Melilla como en su zona marítima. Ello iba a ser complementado con la dotación de las infraestructuras y medios necesarios para hacer más efectivos los procedimientos de detención, identificación y expulsión en las costas andaluzas, así como limitar todo lo posible las actuaciones de Salvamento Marítimo3. Como decíamos en nuestro informe 2020, los derechos humanos quedaban fuera de foco, totalmente ausentes en esos planes”. Ineficaces, según demuestra la historia.

“Si en un primer momento la inhumana aplicación de los mismos por España y Marruecos parecía haber demostrado su eficacia, consiguiendo que la llegada de personas migrantes por la Frontera Sur se redujera de 64.298 en 2018 a 32.513 personas en 2019 (Ministerio del Interior, 2020), en 2020 han demostrado su fragilidad, dado que la voluntad de los seres humanos de encontrar un futuro más digno difícilmente se puede contener a medio plazo a través de medidas coercitivas”.

El informe subraya el descenso de inmigrantes clandestinos en Ceuta y Melilla

El informe precisa que, en realidad, en 2019, se produjo según cifras del INE, un incremento de 748.759 personas extranjeras que llegaron a España. “Compárese con el número que ese mismo año llegaron a España por la Frontera Sur, que fue de 32.513 personas, es decir, tan sólo un 4,3% del total de la inmigración”.

“Y, sin embargo, todos los recursos destinados a las políticas migratorias se enfocan exclusivamente en evitar que lleguen o en la expulsión de ese 4,3% de las personas que entran en España jugándose la vida porque se les impide desde los Gobiernos que puedan hacerlo de forma segura. Estos recursos invertidos van desde la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), cuyo coste supera ampliamente los 300 millones de euros, hasta los Centros de Internamiento para Extranjeros o los centros de detención llamados CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros) repartidos por toda Andalucía. Desde los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) en Ceuta y Melilla a las vallas en ambas ciudades, verdadero pozo sin fondo de los recursos del Estado”.

Ruta que se cierra, ruta que se abre: “Si en 2018 se produjo un importante incremento de llegadas a las costas de Andalucía, tras el bloqueo de las rutas del centro y este europeo; si en 2019 se intentó clausurar sin demasiado éxito la ruta del Mediterráneo occidental…, en 2020 miles de personas se han visto obligadas a buscar otra vía, la ruta de Canarias”.

“En efecto, siempre según las cifras del Ministerio del Interior, en 2020 han llegado a las islas Canarias 23.023 personas, frente a las 2.786 del año 2019, lo que supone un incremento del 756,8%. En 2018, el Gobierno, pese a que fue advertido, no previó que el bloqueo de los flujos migratorios hacia Italia iba a provocar un importante incremento de llegadas a las costas andaluzas, originando las situaciones de descontrol y maltrato que se pudieron ver. Y ahora, en 2020, pese a los avisos en este sentido, tampoco se prepararon los recursos adecuados y dignos para la llegada de migrantes a Canarias, provocada entre otros factores, precisamente, por el bloqueo pagado a Marruecos de la zona mediterránea y el Estrecho. Porque ciertamente el bloqueo aludido es una de las causas de ese desvío de las rutas migratorias a Canarias.

Pero, añaden, ”habría que anotar también la crisis abierta en el Sáhara Occidental, ya que el conflicto provocado por Marruecos en Guerguerat ha bloqueado la ruta terrestre atlántica que transcurría por Senegal, Mauritania, El Sáhara y hasta el Norte de Marruecos para luego intentar saltar a España”.

“En Canarias, la situación vivida a lo largo del 2020 ha demostrado una vez más la incapacidad de este Gobierno para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Miles de migrantes han pasado días durmiendo a ras de suelo en los puertos en una situación de privación de libertad que en muchos casos ha excedido las 72 horas establecidas por ley”.

Mientras tanto, en Andalucía “se ha reducido casi a la mitad el número de personas que lograron cruzar el Mediterráneo. Si en 2019 llegaron 20.309 personas (cifras de APDHA), este año la cifra se sitúa en torno a la mitad. En toda Andalucía, en 2020 la Cruz Roja atendió a 10.206 personas”.

“Se continúa así la tendencia iniciada en 2019 que se basó en el despliegue represivo de Marruecos en la zona del Estrecho, Alhucemas y Melilla para evitar la salida de pateras y la interceptación de estas en su caso por patrulleras marroquíes en su zona SAR. Todo ello engrasado mediante la inyección al régimen alauita de miles de millones de euros de la Unión Europea y del propio Gobierno español. Lo que tampoco va a impedir que puedan volver a aumentar en el futuro”.

Esa política represiva marroquí, según la APDHA, “ha tenido un destinatario principal: la población subsahariana. En este caso, además de la represión policial marroquí contra los migrantes subsaharianos que llegan al país o a territorio saharaui, como hemos descrito en anteriores informes, el reino de Marruecos está incrementando las detenciones forzosas de migrantes subsaharianos ‘por motivos de salud pública’, mientras que está deportando a centenares a sus países de origen, algunas de ellas desde el territorio del Sáhara Occidental y otras, a pesar de poder reunir los requisitos para solicitar asilo o de ser menores de edad”.

“Por otra parte, es preciso señalar el importante incremento de las personas procedentes de Argelia. Según ACNUR el 39% de las llegadas a España durante el año 2020 eran de personas argelinas. Se trata del porcentaje más alto desde que comenzaron los registros por nacionalidades. En Granada, Almería, Levante y Baleares, según el dato proporcionado a El País por fuentes policiales, han sido 11.200 personas argelinas las que han alcanzado las costas”.

En lo que se refiere a Ceuta y Melilla, ”es obvio que el reforzamiento de la valla con la sustitución progresiva de las concertinas por peines invertidos en la parte española, así como la construcción de la tercera valla por parte de Marruecos que incorpora concertinas y nuevas garitas sofisticadas similares a las de la Guardia Civil, junto a la extrema vigilancia de las fuerzas marroquíes y las razzias y deportaciones de cuantas personas subsaharianas se acercan a la zona, ha conseguido que se siga reduciendo el número de las que logran acceder a las ciudades autónomas”.

“De esta forma la presencia de personas subsaharianas en el CETI de Ceuta es ya testimonial; al final de año los 200 internados en el CETI eran marroquíes y argelinos que han accedido fundamentalmente vía marítima. Por otra parte, durante todo el año no se produjo ningún salto a la valla en la ciudad”.

El informe también cuestiona el papel jugado por el SIVE y por el FRONTEX, en la gestión de los tráficos migratorios.

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