Gibraltar no quiere ser nodriza

El Gobierno de Fabian Picardo prepara un proyecto de ley para imponer incluo la cadena perpetua por almacenar combustible para narcolanchas

El Gobierno de Gibraltar pretende atajar el almacenamiento de combustible para narcolanchas con penas de hasta cadena perpetua. Se trata de un intento Proyecto de Ley para modificar la Ley del Petróleo aumentará las multas y contemplará penas de hasta cadena perpetua por una actividad habitualmente relacionada con el narcotráfico y el contrabando de tabaco. En las últimas semanas, como ha ido informando este blog, se han descubierto varios depósitos de gasoil en distintos paraderos del Peñón, al tiempo que esta misma semana la Royal Gibraltar Police y el servicio de Aduanas se cobraban, en aguas próximas a la Roca, un importante cargamento de cannabis.

“El aumento en la detección de delitos que conllevan la posesión de grandes cantidades de combustible es un asunto muy preocupante. Dada la volatilidad de estos combustibles, su posesión y transporte están restringidos a fin de evitar que se produzcan accidentes desafortunados. Su comercio indiscriminado y transporte imprudente está generando un peligro enorme para muchas personas inocentes de nuestra comunidad. No vamos a tolerar que la seguridad de nuestros ciudadanos y de nuestras calles se ponga en peligro”, asegura Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar.

Su mensaje ha sido nítido: “Gibraltar y sus ciudadanos no quieren ser asociados ni tener nada que ver con ninguna actividad que favorezca el tráfico de drogas ilegales, ya sea en el ámbito logístico o cualquier otro. Nosotros no somos así. Gibraltar defiende otros valores”.

Un antiguo túnel del Peñón servía para acumular combustible, tal y como se destapó durante la Operation Trojan, de la RGP

En raras ocasiones, y habría que remontarse a casos aislados en los años 80 7 90, las redes de los narcos han utilizado la ruta del Peñón para introducir droga en la península: naturalmente, nunca quisieron atravesar dos fronteras en vez de una. Eso sí, se ha detenido en Gibraltar a camellos españoles en el menudeo de cannabis o de cocaína, fundamentalmente. Y, en las aguas próximas al Peñón, el pasado miércoles, la Policía Real de Gibraltar interceptó 65 fardos de resina de cannabis, unas 2,5 toneladas, valorados en 13 millones de libras, en una operación que se saldó con cuatro detenidos. No se trata de un grajo blanco: el pasado 12 de enero, por ejemplo, la Policía Real de Gibraltar y la Guardia Civil, en su servicio conjunto, se incautaron de aproximadamente 2,8 toneladas de resina de cannabis en el marco de la Operación Aquarian (Gibraltar) y la Operación Crispaito (España). Pero, ya en 2014, a 3 de marzo, la policía gibraltareña practicó cuatro detenciones e intervino un alijo de más de dos toneladas y media de cannabis.

Lejos parecen también los tiempos en que Gibraltar servía como puerto de refugio para las narcolanchas del Estrecho, las rhibs que usaban motores de gran potencia, más allá de los límites establecidos por las autoridades españolas para intentar cercar a la flota de los capos gallegos que terminaron desplazándose hasta el Estrecho. Ahora, el compromiso de las autoridades gibraltareñas contra este mercado negro parece mucho más claro que nunca.

En este caso, el pasado día 18, el Gobierno publicó un Proyecto de Ley para modificar la Ley del Petróleo (Petroleum Act) “con el fin de abordar el creciente número de personas halladas en posesión de bidones de gasolina, muchas veces llenas de combustible de automoción altamente volátil”.

El Gobierno gibraltareño, tal y como recuerda su oficina de información, ya había modificado la ley este año para tipificar como delito la posesión de combustible en cantidades considerables: “Desde el año pasado, no obstante, el número de personas identificadas en posesión de grandes cantidades de combustible de forma ilícita se ha elevado pese a la ilegalización de esta actividad”, precisan los portavoces gubernamentales.

En las últimas semanas, la policía gibraltareña ha descubierto diversos depósitos de combustible, tanto ocultos en distintas zonas como en vehículos dedicados subrepticiamente a su transporte

Así, el Ministro Principal ha emprendido una ronda de consultas con diversos responsables ministeriales y policiales del Peñón. De las conclusiones de estos encuentros,, Tras estos contactos, el Gobierno propondrá incrementar de forma muy sustancial las sanciones por posesión de bidones de combustible.

El Proyecto de Ley se basa, entre otras premisas, en que “las sanciones por los delitos relativos a la acumulación/transporte de gasolina se elevarán de forma considerable, y estos delitos solo podrán ser juzgados por el Tribunal Supremo”.

“Con arreglo a la nueva norma 38(2), los delitos tipificados en las normas 24, 26A, 31 o 32A solo podrán ser juzgados por el Tribunal Supremo”.

En segundo lugar, las sanciones también se incrementan: ”La multa que el Tribunal Supremo podrá imponer queda expresada en un máximo de diez veces el nivel 5 de la escala estándar (que ascendería a 100.000 libras) o, en caso de ser superior, 50 veces el valor del combustible”.

Por último, mediante esta modificación legal, “la duración de la pena de cárcel aumenta asimismo hasta 10 años para los casos “normales” si bien, cuando se haya producido un fallecimiento o lesión grave, la pena será de cadena perpetua”.

El Ministro Principal tiene previsto presentar este Proyecto de Ley en la próxima sesión del Parlamento y certificarla como urgente en virtud del párrafo 3 del artículo 35 de la Constitución en caso de que no hayan transcurrido seis semanas desde el momento en que el Parlamento pueda tramitar el Proyecto de Ley.

Fabian Picardo subraya el riesgo en materia de seguridad que suponen estas prácticas: “La explosión de un vehículo que porte veinte bidones de combustible generaría una ingente cantidad de víctimas, así como daños personales y físicos en Gibraltar. Una explosión de esa clase podría resultar devastadora. Trabajando en estrecha colaboración con el Comisario de la Policía Real de Gibraltar, Richard Ullger, y con los Ministros de Justicia y Medio Ambiente, John Cortés y Samantha Sacramento, hemos acordado endurecer en gran medida las sanciones asociadas a estos delitos con vistas a que los Tribunales puedan reprimir de verdad la participación de estas personas en estas nefastas actividades que, en el fondo, están diseñadas para asistir al tráfico de drogas”.

“Curiosamente –concluye Picardo–, desde que esta práctica fue declarada ilegal, el número de casos se ha incrementado. Debido a ello, al proponer el fuerte endurecimiento de estas sanciones, sé que vamos a hacer lo correcto aportando las herramientas que tanto nuestros cuerpos de seguridad como nuestros órganos judiciales necesitan para combatir estos delitos. Si fuera necesario, volveremos a adoptar nuevas medidas”.

Hace una semana, en el curso de la Operation Trojan, la policía gibraltareña encontraba 82 bidones repletos de gasolina en un antiguo túnel  del Peñón, aparentemente cerrado al uso. La modificación de la ley denominada en inglés `Petroleum Act´ supondrá, presumiblemente, un desplazamiento de dichos almacenamientos hacia algún territorio donde las leyes no sean tan exigentes. Por ejemplo, España, donde sólo se imponen sanciones administrativas para esa misma actividad.

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