Fondo de barril, un proyecto en el banquillo y en las reivindicaciones

El alcalde de San Roque y el grupo ecologista Verdemar discrepan por la querella presentada

La Refinería Gibraltar, de Cepsa, cumplirá 55 años en 2022. Toda una vida. Después de su primera refinería canaria, la compañía pretendió instalarse en la Península y quiso hacerlo en Vizcaya. Sin embargo, la dictadura franquista le impuso que se estableciera en esta comarca, como locomotora de la política de escaparate frente a Gibraltar y sin que importase demasiado que buena parte de su conjunto se levantaría sobre las ruinas romanas de Carteia. Años más tarde, la compañía financiaría algunas campañas de excavación arqueológica en la antigua ciudad.  

En pleno proceso de tensión diplomática en torno al Peñón, la refinería vendría a ser la prueba palpable de la opulencia que esperaba aquí a los yanitos en caso de que decidieran españolizarse. La política del momento también entendía que para acabar con la dependencia económica de Gibraltar, hacía falta ofrecer alternativas industriales en la comarca. Así que Cepsa presentó su proyecto en 1964, comenzó la construcción un año más tarde y abrió el complejo petroquímico en 1967. Si en los años 90, tuvo que mejorar sus mecanismos de control frente a los vertidos y emisiones, en 2004 incorporó a sus instalaciones una central térmica de ciclo combinado que retroalimenta a la factoría.

Años atrás, Cepsa inició un proyecto de ampliación denominado Fondo de Barril, que pretende llevar a cabo en terrenos de su propiedad, en el Montes de los Castellones y que supondrá una inversión aproximada a mil millones de euros, en su mayoría centrados en tareas de mejora tecnológica, eficiencia, seguridad y sostenibilidad para la refinería. En 2019, el grupo ecologista Verdemar presentó una denuncia ante la fiscalía tras unos movimientos de tierras irregulares, que habrían sido autorizados por el Ayuntamiento de San Roque. Esta Corporación, a 1 de noviembre de ese mismo año, dio la orden de paralizar los trabajos por ese mismo motivo. Ahora, cuando todas las instituciones han brindado ya su beneplácito al proyecto, las autoridades municipales se lo piensan dos veces, sobre todo después de que su alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, haya comparecido ya en sede judicial para prestar declaración como investigado por aquel asunto. Y, mientras tanto, el pasado miércoles, UGT convocó una concentración en Algeciras, incluidos los secretarios generales José Álvarez y Carmen Castilla, estatal y andaluza respectivamente,  para exigir que la Corporación sanroqueña otorgué los permisos que darían luz verde a Así las cosas, la asociación Verdemar-Ecologistas en Acción se incorporó como acusación particular a las diligencias abiertas por esta causa a través del Juzgado Mixto nº 1 de San Roque a causa, mediante una querella por un presunto delito de prevaricación. En realidad, un formalismo legal que refrendaba su denuncia inicial.

La querella señala la ilegalidad de las licencias municipales “sin esperar a la aprobación definitiva de los instrumentos de ejecución preceptivos, a saber: delimitación, estudio de detalle y proyecto de urbanización”.

“Además, las referidas licencias son nulas de pleno Derecho, pues se basaron en una modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial (PEYSI, aprobado en 1993) en el Área de la Bahía en el TM de San Roque sobre el Área del Complejo Petroquímico del Grupo Cepsa, que no había llegado a publicarse tras su aprobación en pleno del Ayuntamiento de San Roque de fecha 29 de noviembre de 2018”. Y aunque acepta que el alcalde ordenó la paralización de los polémicos trabajos, lo hizo “tardíamente y obligado” por la denuncia de los ecologistas.

Tras la formalización de la querella, el alcalde sanroqueño Juan Carlos Ruiz Boix, reclamó al colectivo ecologista Verdemar “que explique por qué él es la única persona que aparece hoy en día en su denuncia por presuntas irregularidades en los movimientos de tierra del Fondo de Barril”. Así aparece publicado en la web municipal, en la que también se pregunta por qué Verdemar ha sacado de esa querella a la Junta de Andalucía, cuando un técnico de la Consejería de Medio Ambiente dijo, antes de que el Ayuntamiento paralizara las obras, que en ellas no había actividad alguna. El primer edil piensa que la nueva dirección de Verdemar está actuando de forma “sesgada y sectaria”.

“El regidor sanroqueño no ha ocultado que, después de conocer el trabajo de Verdemar durante décadas, sentía “admiración y respeto” hacia este colectivo ecologista “por su historia de lucha contra la contaminación y de cuidado del medio ambiente”. De hecho, valoraba su “tarea difícil contra un gigante como es el complejo industrial, y principalmente el Grupo CEPSA, que lo lidera en San Roque”. Además, recordó que este colectivo también ha ejercido su labor de control en cuestiones vinculadas al desarrollo turístico y residencial, así como en lo relativo a parajes naturales”, podía leerse en esa misma web.

Al alcalde de San Roque, Ruiz Boix, le extraña que sólo aparezca su nombre en la querella

Sin embargo, Ruiz Boix dijo que esa buena imagen que tenía del colectivo ecologista ha cambiado por su actuación en el asunto del Fondo de Barril:  “Recordó el alcalde que a principios del verano de 2019, Verdemar denunció los trabajos que se estaban realizando para la construcción del Fondo de Barril ante la Fiscalía de Área de Algeciras. Dicho órgano judicial ha realizado diligencias previas, un proceso en el que no se ha tomado declaración al regidor sanroqueño, aunque técnicos municipales sí han aportado la documentación que se les había solicitado”.

“Fiscalía ha trasladado el asunto al Juzgado Mixto Número 1 de San Roque, y el pasado 21 de marzo Verdemar se ha ratificado en su querella contra Ruiz Boix (no contra el Ayuntamiento como administración), y ha eliminado a la Junta de Andalucía de la denuncia. Además, aunque sí se mantiene al Grupo CEPSA como entidad, no aparece el nombre de ninguna de las personas responsables de la empresa”.

Apuntó el primer edil que, en un primer momento, comprendía que figurara él en la denuncia porque Verdemar podría estar buscando “alguna cuestión que no se había realizado con respeto a la Ley (por parte del Consistorio). Tengo que decir -sostuvo- que el trabajo de los técnicos y abogados del Ayuntamiento ha sido impecable. No hay ninguna duda en los expedientes tramitados en referencia al Fondo de Barril. Tengo la tranquilidad de que cualquiera de las denuncias que se han planteado no llevan a ningún fin”.

Para Ruiz Boix, “Verdemar tiene tintes políticos cuando en la querella del 21 de marzo de este mismo año desaparece por arte de magia de entre los denunciados la Junta de Andalucía, una administración gobernada por el PP, que por cierto su Consejo de Gobierno ha decidido catalogar el proyecto de Fondo de Barril como de carácter estratégico de Andalucía. Y aún así, la nueva Verdemar, sesgada y sectaria y con el único reto de separar a este alcalde de la política, elimina cualquier tipo de denuncia contra la Junta”.

“Una Junta -ironizó- que imagino que tendría problemas de visión, de ceguera”, ya que en una visita de un agente de la Consejería de Medio Ambiente realizada el 21 de agosto de 2019 (poco después de que Verdemar denunciara los hechos), dicho técnico autonómico concluía en su escrito que “en las localizaciones de futuras unidades del proyecto de Fondo de Barril no hay actividad ninguna”.

El alcalde dijo que, sabiendo que Verdemar ha tenido acceso a dicho escrito, “sorprende” que haya sacado de su denuncia a la Junta de Andalucía y, sin embargo, le mantenga a él. Sobre todo cuando pocos días después hubo una visita de técnicos municipales que observaron “excesos de obra por encima de la licencia”.

“Tras esta inspección se abrió un periodo de alegaciones para motivar los excesos de obra, y el Grupo CEPSA, como empresa promotora, argumentó que se debían a cuestiones de seguridad. Sin embargo, los trabajos fueron paralizados por el Ayuntamiento “porque no estaban avalados por las licencias” concedidas en su día”, añade la nota municipal.

“Creo -sostuvo Ruiz Boix- que la actuación del Ayuntamiento sigue siendo más que correcta, ajustada a la legalidad”. Mientras, dijo, “la nueva Verdemar” se comporta como “una organización sectaria, que es capaz de valorar antes que un juez esos supuestos hechos, y ya elimina a una administración (la Junta de Andalucía) de la supuesta actividad ilícita que pudiese haber. Me sorprende”.

El regidor sanroqueño tampoco olvidó las “presiones” que está recibiendo de “agentes sociales y económicos y distintas administraciones que no tienen que participar en las decisiones, y son libres de opinar si la inversión es buena o mala”. ¿Una velada alusión al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, tras la entrevista mantenida con los representantes de UGT? En cualquier caso, señaló que él será el responsable de “tomar una decisión, con informes técnicos y jurídicos sobre la mesa, sobre la reanudación o no de las obras, la continuación o no de los trámites urbanísticos”.

“Con este expediente -recalcó- solo tenemos que revisar de forma continua todas las actuaciones para que siempre estén dentro de la legislación estatal, autonómica y municipal”.

“Concluyo pidiendo a la nueva Verdemar que explique por qué en los hechos que entienden que son delictivos, penales, ilícitos, sí hay responsabilidad, no en el Ayuntamiento de San Roque, sino de mi persona Y -añadió- ningún tipo de responsabilidad en ninguna persona perteneciente al Grupo CEPSA. O también que ni siquiera aparezca la Junta de Andalucía ni ninguno de sus responsables”, finalizó Ruiz Boix.

Por su parte, Verdemar Ecologistas en Acción ha manifestado hoy que “resulta increíble la indignación” del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ante “la presentación de la querella por parte” de esta entidad, ya que “ha sido su propia defensa quien la ha solicitado en el Juzgado”.

“El 15 de febrero de 2021 nos notificaron que la representación del investigado sr. Ruiz Boix había iniciado su defensa, cuestionando la personación de Verdemar Ecologistas en Acción en el procedimiento y exigiendo que formulásemos querella y se presentara una fianza”, indicó Verdemar en un comunicado.

A 5 de marzo, “el Juzgado de primera Instancia número 1 de San Roque concede a Verdemar E.A. 10 días a partir de la notificación de la presente resolución para presentar una querella, con una fianza de 1.000 euros, para responder las resultas del procedimiento, tal y como había solicitado la defensa del sr. Ruiz Boix. Así que el 21 de marzo fue presentada la querella, tal como solicitó su defensa”.

“En este auto se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal y de las demás partes, previniéndoles que contra esta resolución podrán interponer recurso en el plazo de tres o cinco días respectivamente”, explican.

La Fiscalía decide, entonces, “no oponerse a la personación de Verdemar, si bien deberá realizarse como acusación popular, cumpliendo con la forma y requisitos exigidos en la Lecrim, no pudiendo realizar intervención procesal alguna, en tanto no se admita dicha personación”.

Verdemar Ecologistas en Acción recurrió, por otro lado, “el intento de la defensa del sr. Ruiz Boix de expulsarnos del procedimiento”.

 “¿Cuál es el origen de esta denuncia? ¿Por qué no ha sido desestimada en el Juzgado y sí ha sido admitida a trámite? ¿Por qué  la Fiscalía presenta denuncia contra el Sr Ruiz Boix y la mercantil Cepsa y actualmente son investigados, término empleado actualmente como sustituto del anterior imputados?”, se preguntan.

A 30 de julio de 2020, la fiscalía, “ejerciendo sus funciones de la defensa de la legalidad, interpone denuncia ante el Juzgado de San Roque, contra el sr. Ruiz Boix y contra la mercantil Cepsa, por hechos que pueden ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, contra la flora y la fauna, contra los recursos naturales, así como un posible delito contra el patrimonio histórico arqueológico, llevados a cabo por la Mercantil Cepsa en el proyecto conocido como Fondo de Barril”.

“Incoadas la diligencias de investigación penal de la Fiscalía, a la vista de toda la investigación preliminar, que en el marco de la misma se ha venido desarrollando, se acordó la judicialización del expediente, mediante la interposición de la presente denuncia, al considerar que los hechos revisten suficientes indicios de criminalidad, pudiendo constituir los mismos un delito de prevaricación urbanística, toda vez que de lo actuado se desprende la existencia de una serie de irregularidades respecto a la concesión de las licencias de obras por parte del Ayuntamiento de San Roque. El fiscal pide al Juzgado que incoe diligencias previas para comprobar los hechos denunciados”, concluye el escrito de Verdemar.

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