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La policía de Gibraltar formó a cinco agentes en inteligencia financiera impartido por la Agencia Nacional contra el Crimen

Cinco agentes de la Unidad de Delitos Económicos (Economic Crime Unit) de la Policía Real de Gibraltar han superado con éxito el Curso de Agentes de Inteligencia Financiera impartido online por la Agencia Nacional contra el Crimen (National Crime Agency) del Reino Unido.

Si hubiera que buscarle un título cinematográfico a esta iniciativa bien podría ser el de Comando Bitcoin: las nuevas posibilidades de blanqueo, evasión fiscal y otros ilícitos que permite la ingeniería financiera, abarcan desde las formas tradicionales, a través de entidades bancarias y otro tipo de establecimientos aparentemente honorables, hasta el nuevo marco que brindan las operaciones en la red o la circulación de las cibermonedas.

“El curso –según informó ayer la propia policía gibraltareña– desarrolla las competencias de los agentes en ámbitos clave como el modelo nacional de toma de decisiones, la protección de datos, la libertad de información, la clasificación de seguridad del Gobierno, la gestión de la información y los informes de actividad sospechosa”.

Policías gibraltareños, en traje de gala

Desde finales de los años 90 y frente a las acusaciones de paraíso fiscal, no sólo sostenidas por España, Gibraltar intentó rearmarse con una legislación anti-blanqueo, inspirada en el riguroso modelo australiano, pero no logró aventar las sospechas de que su centro financiero promoviese este tipo de operaciones. Desde comienzos de siglo, ese escudo legal del Peñón se ha ampliado y ya hace mucho que el centro off-shore se convirtió en centro on-shore. Ahora, la negociación del futuro Tratado que permita a Gibraltar incorporarse al espacio Schengen conlleva también mayores medidas de equilibrio fiscal.

“Con respecto a la lucha contra el blanqueo de capital –afirma un documento publicado recientemente por el Gobierno del Peñón–, Gibraltar cuenta con legislación draconiana contra todos los delitos con él relacionados (anti money laundering, AML), derivada de toda la legislación comunitaria sobre esta cuestión. Legislación, sistemas y prácticas administrativas del Peñón han sido verificadas de manera independiente en el pasado por el grupo de acción financiera contra el blanqueo de capitales (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) y el Fondo Monetario Internacional y seguirá siendo revisado según el proceso Moneyval”.

Gibraltar nombró, en su día, a un Coordinador Nacional para la Lucha contra el Blanqueo de Capital (National Coordinator for AML), ha publicado una Valoración de Riesgo Nacional (National Risk Assessment) y se haya en proceso de revisión de la legislación para asegurar el cumplimiento con los principios establecidos por el citado Grupo de Acción Financiera Internacional, con sede en París. También se trabaja, en esa misma línea, para poner en práctica la 4ª Directiva anti-blanqueo (AML, por sus iniciales en inglés), promulgada por la Unión Europea y que incluye, por ejemplo, que “con el objeto de evitar, o por lo menos limitar, la realización de operaciones con dinero efectivo se incorpora como sujetos obligados a las personas que negocien con bienes y efectúen o reciban pagos de esa forma por importe igual o superior a 10.000 euros, aconsejándose a los Estados miembros fijar umbrales más reducidos y disposiciones más estrictas”.

Se incluye dentro del grupo de los agentes inmobiliarios -que ya eran sujetos obligados- a las agencias de alquiler lo que obligará también a una modificación legislativa: «Serán sujetos obligados las personas que negocien con bienes y efectúen o reciban pagos en efectivo por importe igual o superior a 10.000 euros», puede leerse en la directiva comunitaria que, en las actuales circunstancias después del Brexit no tendría por qué ser vinculante en el caso de Gibraltar, salvo por la negociación pendiente, que conduce hacia ello.

“Los profesionales del Derecho, tal y como hayan sido definidos por los Estados miembros, deben quedar sujetos a la presente Directiva cuando participen en operaciones financieras o empresariales, incluido el asesoramiento fiscal, en las que existe mayor riesgo de que los servicios de dichos profesionales del Derecho se empleen indebidamente a fin de blanquear el producto de actividades delictivas o financiar el terrorismo”.

Eso puede leerse en dicha directiva, que ya ha sido superada por una quinta, promulgada en junio del pasado año y que también tendría que ser puesta en práctica, presumiblemente, por las autoridades gibraltareñas. Sin embargo, la UE, a través de su Comisario europeo de Mercado Interior, Michael Barnier, garantizó públicamente en noviembre de 2013 que “Gibraltar no tiene pendiente de trasposición ninguna Directiva sobre el intercambio de información, asistencia mutua fiscal o lucha contra el blanqueo de capitales y que no existe contra Gibraltar ninguna queja fundamentada por faltas de comunicación o intercambio de información en dichas materias”.

“Este documento desvincula, además, el concepto de ventajas fiscales del de paraíso fiscal y aporta toda la información y documentación que demuestra que Gibraltar, lejos de ser un paraíso fiscal, es un territorio que cumple estrictamente la legislación internacional en materia de transparencia e intercambio de información entre jurisdicciones”.

12.761 empresas activas en el registro de Gibraltar

En su última revisión, la OCDE ha vuelto a catalogar a Gibraltar como una jurisdicción que cumple “en gran medida” con los estándares de transparencia en información fiscal y la sitúa a la par de países como EEUU, Alemania, Reino Unido o la propia España.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU), ya creada en su día, forma parte del Grupo Internacional Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (International Egmont Group of Financial Intelligence Units) y comparte información de manera sistemática y espontánea con todos los demás miembros: “La evasión fiscal, al igual que todos los demás delitos graves, es un delito determinante del blanqueo de capital y se encuentra sujeta a la declaración de transacciones sospechosas”, afirma el gobierno gibraltareño, que ya se ufanó en 2015 que el Peñón hubiera salido de la lista negra paneuropea de la Comisión Europea.

La lista, que señala a los países o territorios que no prestan cooperación en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal ya no incluyen al Peñón en su geografía sumergida. Y es que, según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y la UE (Unión Europea), el Peñón ha firmado los suficientes acuerdos de intercambio de información fiscal con los países europeos como para permanecer fuera de la ‘lista negra’. Esta decisión de la Comisión Europea vino precedida por el acuerdo firmado entre Gibraltar y 53 territorios, entre los que se encuentra España. En él, los países se comprometían a intercambiar información tributaria automáticamente -48 países y territorios a partir de 2017 y otros dos, a partir de 2018-. El ministro de Finanzas alemán aseguró que este pacto pretendía marcar el fin de la evasión fiscal a través de cuentas bancarias secretas. La puesta en práctica de las reformas necesarias para evitar o atenuar dichos ilícitos mereció la calificación más alta por parte de la OCDE, en diciembre de 2020. Y es que Gibraltar obtuvo, entonces, la calificación ‘Implementado’ en el primer examen por homólogos realizado por los evaluadores del Foro Mundial de la OCDE sobre el Intercambio Automático de Información sobre cuentas financieras, la calificación más alta posible, que solo se emite cuando el examen del marco jurídico de una jurisdicción no identifica ninguna laguna que deba subsanarse.

Tras la última revisión de su sistema fiscal y societario, la OCDE concluye que Gibraltar «cumple en gran medida» con los estándares exigidos lo que le coloca a la misma altura de transparencia e intercambio de información en materia fiscal de España, Alemania, Estados Unidos o Reino Unido.

Mientras la Agencia Tributaria Española sabe que Suiza es el centro financiero internacional preferido por los españoles para declarar su patrimonio –en un volumen global que se aproxima a 20.000 millones de euros–, Gibraltar, con un 0,2 de los activos declarados en el extranjero por parte de los españoles, apenas alcanza la cifra de 260 millones de euros en declaraciones de bienes.

“La consideración de Gibraltar por parte de España como paraíso fiscal no se sustenta en ninguna base ni legal ni documental con valor internacional”, afirma el citado informe.

No obstante, España mantiene esa calificación en numerosos documentos oficiales: “Parece que es sólo el empeño de España de no considerar Gibraltar como jurisdicción colaboradora en materia impositiva y fiscal –algo que reconocen los más de 60 territorios con los que Gibraltar tiene acuerdos de intercambio de información– lo que hace que siga en la lista española de paraísos fiscales”, lamenta el gobierno gibraltareño.

Al ejecutivo de Fabian Picardo le molesta que “en los medios españoles aparece continuamente la referencia de que en Gibraltar hay más de una empresa por habitante (cualquier número entre 30.000 y hasta 80.000 es recogido por los medios sin referencia alguna), el dato real es que en Gibraltar, en el mes de enero de 2021 aparecen inscritas 12.761 empresas activas, es decir, al corriente de sus deberes fiscales”.

“¿Dónde está escrito el número de empresas necesario para que un territorio sea considerado paraíso fiscal? ¿Es un porcentaje sobre la población? ¿Por qué debería ser ese un criterio válido?”, se pregunta ese mismo documento

Tampoco la no aplicación del IVA en Gibraltar, entienden sus redactores, puede considerarse indicio para que un territorio sea paraíso fiscal; si no, Ceuta, Melilla y Canarias pasarían entonces a serlo, así como otros territorios en la UE, ubicados en Alemania (Büsingen am Hochrhein e Isla de Heligoland), Dinamarca (Groenlandia e Islas Feroe), Finlandia (Islas Åland), Francia (Guadalupe, Guyana, Martinica y Reunión), Grecia (Monte Athos), e Italia (Campione y Livigno).

En noviembre de 2020, la justicia gibraltareña logró confiscar los bienes de un narcotraficante, de iniciales A.C. que fue detenido en marzo de 2018 por agentes del Grupo Antidroga (Drug Squad) de la Policía Real de Gibraltar y que asumió cargos de posesión y posesión para su distribución de distintas cantidades de cocaína, anfetamina y resina y hierba de cannabis, que fueron valoradas en 11.600 libras. Como parte de la investigación, se decomisó un total de unas 16.000£ en efectivo en tres divisas diferentes, pero fueron precisamente los agentes de la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales (Money Laundering Investigation Unit, MLIU) desarrollaron una investigación financiera paralela que desveló que A.C. había obtenido un beneficio de más de 117.000£ derivado de su tráfico de estupefacientes. Así que, hace un par de meses, el Juez Yeats dictó una orden mediante la que valoró los fondos provenientes de conductas delictivas del Acusado en 117.701,64£ y confiscó los activos realizables del acusado: el efectivo encontrado como parte de la investigación, de 12.340£, 2.155,81$ y 3.016,95€.

Un mes antes, en octubre de 2020, agentes de la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Policía Real de Gibraltar (MLIU) detuvieron y acusaron a dos hombres, As.R. y Av.R. (de 67 y 34 años, respectivamente), por conspiración de fraude y por actividades para blanquear los beneficios derivados de conductas delictivas.

Tras una investigación iniciada como resultado del supuesto atraco a un almacén de tabacos situado en New Harbours Industrial Estate, uno de los detenidos también fue acusado en su condición de director de Southease Limited, una empresa mayorista de tabaco, por la adquisición de bienes delictivos: “Estas acusaciones se derivan de la culminación de la meticulosa investigación de la MLIU durante más de dos años, junto con contables forenses independientes, que han revelado la infradeclaración al Servicio de Aduanas de Gibraltar de más de 12 millones de libras procedentes de la venta de tabaco entre 2015 y 2017”, recordó el Gobierno gibraltareño entonces.

En julio del pasado año, se impuso una multa de 5.000 libras a un agente inmobiliario local por incumplir las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y, en el curso de otra operación contra el blanquero, la policía gibraltareña incautó una embarcación deportiva valorada en 200.000 libras. Ese mismo mes, en plena desescalada, la Policía Real de Gibraltar y la Guardia Civil procedieron a la detención de dos gibraltareños en una operación transfronteriza contra el blanqueo de capitales.  Pero también antes del confinamiento, el martes, 18 de febrero de 2020, la Unidad de Investigación de Delitos de Blanqueo de Capitales (Money Laundering Investigation Unit) de la Policía Real de Gibraltar (RGP) detuvo a seis ciudadanos españoles por supuesta posesión de bienes ilegales en virtud de la Ley de Productos del Delito de 2015 (Proceeds of Crimes Act 2015).

“La detención tuvo lugar en la prisión Windmill Hill cuando intentaban pagar las multas de otros ciudadanos españoles condenados judicialmente por la importación de un bien prohibido en Gibraltar, esto es, una embarcación RHIB de 13 metros”, informó entonces la policía.

Gibraltar ha intervenido lanchas semirrígidas o yates relacionados con el narcotráfico

Entre las primeras reformas legislativas que se llevaron a cabo en el Peñón para frenar los ilícitos que utilizaban dicho territorio como base de sus operaciones, incluyó la prohibición de este tipo de embarcaciones semirrígidas con motores de formidable potencia que huían de la persecución que ya se había iniciado en España, cuya primera ley anti-blanqueo no se promulgó de manera específica hasta 1992.

“Los acusados intentaron pagar estas multas, que ascendían a 10.000 libras, mediante un único pago en efectivo. Se sospecha que el dinero procedía de los beneficios de actividades delictivas y, así, fue incautado por los agentes de policía”.

 El programa que han cursado ahora los agentes consta de dos fases: un examen basado en material leído de antemano seguido de un abanico de actividades online que se evalúan a lo largo del proceso. Los cinco Agentes Detectives (Detective Constables es su graduación oficial) trabajarán ahora en completar otros cursos de la Agencia Nacional contra el Crimen para obtener la titulación de Investigadores Financieros (Financial Investigators).

“Adquirirán las competencias que resultan esenciales en la lucha continuada de la Unidad de Delitos Económicos contra el blanqueamiento de ingresos procedentes de actividades delictivas –explican las autoridades gibraltareñas–. Estos ingresos suelen proceder del tráfico de drogas por parte de grupos de delincuencia organizada que utilizan las fronteras internacionales en un intento por mantener sus activos de origen delictivo fuera del alcance de los organismos encargados del cumplimiento de la ley”.

Tras la publicación del Informe de Evaluación Mutua de 2019 elaborado por MoneyVal sobre Gibraltar, “la Policía Real de Gibraltar está totalmente comprometida con mejorar las competencias de los agentes encargados de lidiar con los delitos económicos, en línea con el plan policial de la Policía Real de Gibraltar y con la estrategia del Gobierno de Gibraltar sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo”.

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