La escalinata de nunca derribar

PP y PSOE de Algeciras se enfrentan por la tardanza en ejecutar la sentencia del TSJA

El PSOE y el PP de Algeciras han protagonizado esta semana el enésimo enfrentamiento en torno al derribo de la Escalinata, tras un largo proceso judicial. En 1980, una empresa inmobiliaria ya pretendió derribar la Escalinata construida a caballo de los años 40 y 50 del pasado siglo para conectar el centro de la ciudad con el puerto en expansión y el paseo marítimo que empezaba a diseñarse. En aquel caso, pretendía convertirla en un nuevo inmueble, aunque habilitando sus últimas plantas como parking y su azotea como plaza pública. El proyecto, al rebufo del escándalo que suscitó por entonces la construcción del edificio Atlántida, no fue aceptado por la primera Corporación democrática, presidida por Paco Esteban. La segunda, bajo la alcaldía de Ernesto Delgado, procedió a la restauración del conjunto e incluso pregonó que traía agua de los siete mares para la fuente que sustituyó al monumento dedicado al Convoy de la Victoria franquista.

Pero la antigua escalinata cayó bajo la piqueta de un nuevo proyecto de parking, aprobado por el pleno municipal en julio de 2001, con los votos de PA y PP, en el periodo en que todavía gobernaba Patricio González pero contaba con el concurso del partido de José Ignacio Landaluce  y Luis Ángel Fernández. La oposición ya denunció entonces un cúmulo de irregularidades, al tiempo que el edificio Atlántida presentase una denuncia formal contra su construcción cuando el edficio Escalinata empezaba a presentar grietas formidables.

A finales de 2004, el TSJA declaró ilegal el parking, que se había presentado a trámite como subterráneo, tomando como referencia la Plaza Alta y no la avenida Virgen del Carmen. A más a más y mientras se tramitaba el recurso al Supremo, el Ayuntamiento dio su beneplácito para nuevas actuaciones urbanísticas en el conjunto, incluyendo la construcción de cuatro plantas de oficinas que, en cierta medida, venían a repetir aquel fallido proyecto de veinte años atrás. Pero esta vez ya no era el PP, aunque siguiera siendo el PA y, esta vez, el PSOE. Y la empresa Nautagest.

El Tribunal Supremo confirmó la ilegalidad del inmueble en 2006 y tanto la comunidad de vecinos del Atlántida como los propietarios del Escalinata reclamaron el derribo del parking, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictaminó en 2016. Y, tres años más tarde, en noviembre de 2019, contrató a una UTE, Vsing Innova 2016- VS Servicios y Urbanismo para ejecutar el derribo, en un plazo que finalizaría el 12 de marzo de 2020, apenas dos días antes del confinamiento por la pandemia de Covid-19. La posible prórroga en los plazos quedó en suspenso y la empresa decidió retirarse del proyecto, dado que para llevarlo a efecto haría falta «un estudio previo de análisis y gestión de riesgos», que no existía. Así que el Ayuntamiento resolvió el contrato, sin penalización alguna. Ahora, de nuevo, el Consistorio ha iniciado por decreto de la alcaldía, un expediente para un nuevo contrato, declarado de urgencia y a conceder por procedimiento abierto simplificado. También fijará un plazo de tres meses para aprobar esta larga asignatura pendiente, ante la insistencia del TSJA en que se ejecute.

La escalinata ha conocido varios aspectos desde su construcción en la posguerra

Ante todo esto, el PSOE de Algeciras, a través de su viceportavoz, Fernando Silva, ironizó esta semana con que José Ignacio Landaluce “también cansa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con el caso Escalinata, pues le exige informes mensuales sobre el derribo de este parking, que cuenta con sentencia firme desde 2016”.

“Esto demuestra la nula confianza que desprende Landaluce, con el TSJA exigiendo informes. También el Ministerio de Hacienda demuestra cansancio con Landaluce y sus presupuestos. No es de extrañar, pues el caso Escalinata está tenido un procedimiento rocambolesco con el PP en la Alcaldía, que no para de alargarse en el tiempo y que no está haciendo más que aumentar la deuda del Ayuntamiento”, afirmó Silva.

Según la versión del PSOE, “los socialistas han planteado diferentes propuestas para encauzar respuestas a esta problemática que se arrastra desde 2016, pero una vez más, obtienen la callada por respuesta y el tiempo no hace más que ir pasando”.

“El caso La Escalinata es el fruto de la política urbanística que impulsó el señor Landaluce junto con el Partido Andalucista en la década de los 2000 que, además del daño patrimonial, está causando un gran daño económico a la ciudad que todavía no tiene su cuenta total”, recuerda Fernando Silva.

El TSJA, según subraya el PSOE, ha emitido una providencia exigiendo al Ayuntamiento que informe “pormenorizada y mensualmente” de los pasos que se siguen para el derribo del parking. El primer documento para la contratación de la redacción del proyecto de demolición se remonta a julio de 2018. Este fue el comienzo del procedimiento, que tardó en hacerse efectivo al alegar el Ayuntamiento falta de técnicos que tuvo que solicitar a otras administraciones.

“Aunque el contrato se adjudicó en noviembre de 2019 a UTE Vising Innova 2016 SL y VS Servicios y Urbanismo SL, esta tenía tres meses para la redacción y no cumplió el plazo. A esto se sumó el estado de alarma, pero ya en septiembre de 2020 el TSJA volvía a advertir al Ayuntamiento que debía llevar a cabo el derribo. No nos extraña que con este historial el Tribunal Superior desconfíe de Landaluce y exija informes”, indica el viceportavoz municipal socialista.

En febrero de este mismo año, concluye el PSOE, “se ha vuelto a sacar a concurso la redacción del proyecto, cuatro años después de la sentencia de derribo. Ahora se encuentra en evaluación la oferta por parte de los técnicos”.

La escalinata original incluyó un monumento al llamado Convoy de la Victoria

“A Landaluce le pedimos que pida perdón y que se ponga las pilas en este caso, que le reclaman celeridad sobre todo los vecinos de los edificios Escalinata y Atlántida afectados por el parking. Y nosotros también la exigimos su responsabilidad política, que fue él con su voto el que apoyó la construcción del parking subterráneo en los 2000”, concluye Fernando Silva.

Como respuesta a sus aseveraciones, ayer, la concejal delegada de Hacienda, María Solanes, reaccionó con acusaciones contra el propio Fernando Silva. De un lado, le acusa “de intentar arrojar fango sobre el Ayuntamiento con el caso Escalinata cada vez que habla sobre un proceso que por más que le explicamos, sigue desconociendo, por lo que parece que con él no paramos de predicar en el desierto”.

“Este señor ha recibido explicaciones en el seno de las comisiones municipales acerca del proceso judicial, pero a Silva se le olvida también que el único alcalde que ha sido sentado en el banquillo de los acusados por este caso era de su propio partido, por lo que le recomendamos que apunte a otra dirección con el ventilador, ya que su único objetivo es intentar manchar la imagen de Algeciras y de este equipo de Gobierno, infructuosamente por cierto”.

La concejala del Partido Popular se refiere al hecho de que Juan Antonio Palacios, alcalde algecireño del PSOE, fuera inicialmente condenado como consecuencia de este caso por parte de la Audiencia Provincial, pero no hay que olvidar que posteriormente fue absuelto por el Tribunal Supremo de la pena de un año y nueve meses de inhabilitación para ejercer el cargo de alcalde, aunque él  –colaborador habitual de este blog y de otros medios de comunicación– ya había dimitido de motu proprio, mucho antes.

Un detalle de la antigua escalinata

Solanes incide en el hecho de que el pasado 22 de marzo, en el marco de la Junta de Portavoces “tanto la concejal de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, como yo misma le facilitamos toda la información al respecto, por lo que me sorprende que vaya a rebufo de la prensa, pero además mintiendo porque la Sala del TSJA jamás nos ha hecho una advertencia, sino que hemos recibido un escrito, absolutamente cordial, para mantener las comunicaciones como siempre hemos hecho”.

En este sentido, la propia Rodríguez indica que se ha remitido al TSJA una nueva comunicación en la que se indica que el Ayuntamiento trasladará a la Sala cualquier novedad que se produzca sin tener que esperar que se cumpla el plazo de un mes para enviar la documentación.

Añade que “el señor Silva llega tarde una vez más, puesto que el mes pasado le remitimos al Tribunal un nuevo informe detallando todos los pasos que se están dando desde Contratación para contar con el servicio de demolición, pero él prefiere ir a lo suyo, haciendo la guerra por su cuenta y quedando en evidencia cada vez que abre la boca”.

Al PP parece irritarle manifiestamente la oposición que plantea el viceportavoz socialista y, así, pretende distanciarle del portavoz, Juan Lozano. En ese sentido, cabe analizar el último argumento utilizado por la delegada María Solanes: “Fernando Silva sigue demostrando con cada paso que da que es una persona políticamente nefasta para los intereses de Algeciras y de los algecireños. A los dos alcaldes a los que prestó asesoramiento como el asesor mejor pagado en la historia del Ayuntamiento, con seis mil euros mensuales de sueldo, como fueron Tomás Herrera y Diego Sánchez Rull, les buscó la ruina, pero yendo más lejos ahora está haciendo lo mismo con su jefe de filas y presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, al que también arruinará, convirtiéndose por méritos propios en el asesor que arruina a todo a quien asesora, y que como ya le dije en una ocasión, es como el caballo de Atila, ya que por donde pasa no vuelve a crecer la hierba”. Quizá haya quien interprete que esa reacción refuerza más a su adversario. Mientras tanto, la Escalinata sigue ahí.

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