A 40 años del 23-F

Los algecireños Paco de Lucía, Paco Esteban, José Triviño y Jorge Pérez Tenorio, figuraron en una lista de probables represaliados, que publicó la revista "Actual" tiempo más tarde

La memoria del 23-F se dispara como cuando nos preguntan qué hacíamos cuando mataron a Kennedy, durante el primer alunizaje, el 11-S o el 11-M. ¿Y qué ocurrió en el Campo de Gibraltar? Pues, a grandes rasgos, lo que ocurrió en el resto de Andalucía: el capitán general de la región, el jerezano Pedro Merry Gordon, vistiendo su uniforme de legionario se negó a secundar la asonada, haciendo célebre la frase que dirigiera al Rey, la de «aquí no hay novedad ni habrá». También corrieron, por los mentideros políticos, otras frases suyas de aquella misma tarde: «Hombre, Jaime, esto no se avisa con una hora de adelanto», dicen que repuso a Jaime Milans del Bosch cuando el capitán general de Valencia sacó los tanques a la calle. Lo cierto es que no movió a sus hombres y tampoco lo hicieron el gobernador militar de Cádiz, Luis Cuervo Pita, ni el del Campo de Gibraltar, el general de división Ricardo Oñate de Pedro.

Resulta curioso, que pasados unos meses, Merry Gordon, que solía pasar largas temporadas en Ceuta, fuera relevado de su cargo y Oñate pasara a ser Jefe de la División Guzmán El Bueno en Sevilla, ya con el grado de teniente general en 1982 y, en una meteórica carrera, a ocupar la Capitanía General de la IX Región General en Granada, ese mismo año.

Se sabe que, durante la tarde del 23 de febrero de 1981, un grupo de ultraderechistas fue a ofrecer sus servicios al gobernador militar del Campo de Gibraltar y éste los rehusó y procuró tranquilizarlos.

“¡Todos, al suelo!”.

En la Casa Consistorial de Algeciras, mientras tanto, el equipo de gobierno liderado por el alcalde, Paco Esteban, del Partido Comunista de España, se atrincheraba en el Ayuntamiento, hasta donde llegaron alborotadores de extrema derecha a reclamar, sin suerte, sus cabezas.

La consigna, para la izquierda local, era la de permanecer en casa, o, si contaban con cierta significación, buscar refugio más seguro en el domicilio de familiares o amigos. Así ocurrió en todo el Campo de Gibraltar.

Paco Esteban, junto a Rafael Alberti, Silvia Alonso y Miguel Alberto Díaz, entre otros

Sobre el escenario del Teatro Andalucía, en la capital gaditana, una agrupación carnavalesca parodiaba, al día siguiente del intento de Golpe de Estado, el susto de impresión que se llevó medio país un 23 de febrero de 1981. Pero el día de autos, Cádiz no estaba para bromas. Horas después de que la Guardia Civil invadiera el Congreso de los Diputados y que los tanques invadiesen las calles de Valencia, en la larga madrugada gaditana, en la sede de UCD en la Plaza de España, se reunían representantes de los partidos democráticos y de los sindicatos, del que salió un comunicado a favor de las libertades pero también pidieron a los ciudadanos que no se manifestaran en la calle para evitar enfrentamientos con la ultraderecha.

De hecho, en Algeciras, un grupo de militantes de Fuerza Nueva se dirigió a la sede del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar, a fin de ofrecerse para lo que fuera menester: “El Gobernador Militar actuó serenamente y los despidió de forma diplomática”, reflejó la prensa de la época.

Algunos campogibraltareños pusieron tierra de por medio, rumbo a Tánger, o en embarcaciones particulares se dirigieron a Gibraltar, cuya verja fronteriza se encontraba cerraba desde 1969. Muchos recordaban que el Peñón, durante los primeros días de la guerra civil del 36, dio refugio a diez mil españoles fugitivos de aquella masacre fratricida. Gonzalo Arias, un pacifista que luchaba denodadamente por la apertura de la oxidada cancela, escribió a partir del tejerazo un lucido ensayo, “El antigolpe”, un manual para la respuesta no-violenta ante un golpe de Estado, que se vio obligado a publicar por su cuenta y riesgo, tras diversas negativas editoriales.

Poetas, músicos, políticos, sindicalistas, periodistas y todos aquellos que oliesen a heterodoxia figuraron en el punto de mira de la ultraderecha. Año y medio más tarde, en agosto de 1982, la revista “Actual” publicaba una supuesta relación de españoles que debían ser eliminados tras el golpe del 23 de Febrero. No faltó quien arguyera, eso sí, que se trataba de un simple invento periodístico. La lista había sido elaborada, a escala estatal, por las Milicias Populares Patrióticas y todos los indicios apuntan a que buena parte de sus datos ya eran obsoletos y procedían de las antiguas fichas de la Brigada Político Social y en ella figuraban políticos de alcance nacional como Felipe González, Adolfo Suárez o Santiago Carrillo, pero también simples militantes, artistas o concejales y alcaldes, muchos de ellos gaditanos y cuya identidad había sido extraida, en parte, de las candidaturas de las elecciones generales de 1977 y de las municipales de 1970.

Portada de la revista «Actual»

Entre los nombres señalados para el paredón, figuraban los de Rafael Alberti, Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar. Pero, en su mayoría, eran políticos que habían defendido abiertamente la causa de las libertades públicas y que procedían indistintamente de las filas del PSOE, del PCE, del PSA o del PTE, o de los sindicatos. Entre los supuestamente nominados para el paredón, en el Campo de Gibraltar, figuraban los algecireños José Triviño, por entonces en las filas del PSP, Jorge Pérez Tenorio, del PSA o Francisco Esteban, por entonces alcalde de Algeciras en las filas del PCE.

La lista negra también incluía, entre otros y en lo que se refiere a la provincia gaditana, a Jerónimo Lorente, Hipólito García, Pedro Pacheco, José Barroso, José Alvárez Ruiz, Francisco Cabral, Esteban Caamaño, Jesús García Vidal, José Camacho Martínez, Jerónimo Sánchez Blanco, Fernando Martín Moro, José Manuel García Díaz, Carmen Romero Durán, Jacinta Arrina Ortega, Fernando Estévez Almagro, Pedro Jiménez, Juan Manuel Romero, Gabriel Casarella, Antonio Alvárez Herrera, José María López, Antonio Herraz, Ana Perea, Juan Cabral, José María Sanz Zamorano, Manuel Galán y José Cabrera. También, Guillermo Alonso del Real, Juan Manuel García Candón, María Angeles Argote Molina, Isabel Palomo, Gerardo Rey del Corral, Bartolomé Haro o José Julio Vélez Noguera. Muchos de ellos carecían ya entonces de protagonismo político, como fueron los casos del abogado y empresario Sebastián Romero González o Francisco Domínguez Galindo.

Pero los gaditanos que corrieron mayor peligro aquel día fueron los diputados que asistían a la sesión de investidura en el Congreso. A saber, los socialistas Manuel Chaves, Ramón Vargas-Machuca y Esteban Caamaño; los ucedistas Juan Antonio García Díez y Antonio Morillo Crespo, junto con Francisco Cabral, del PCE, o Alejandro Rojas Marcos y Emilio Rubiales, que habían sacado su acta de diputados por Cádiz en las filas del PSA: no había ninguno del Campo de Gibraltar lo que, durante muchos años, resultó frecuente.

“Pienso que el golpe en este país se contemplaba como un acontecimiento muy lejano, casi imposible. Los acontecimientos del 23 de febrero han demostrado que no era así –me comentaba días más tarde, en Algeciras, el ceutí Manuel Chaves, vinculado familiarmente con San Roque–. El golpe de Estado ha venido a demostrar que la época de la transición no está consolidada. Hace falta una movilización social generalizada. No me estoy refiriendo a manifestaciones o concentraciones, sino a una tarea dirigida a devolver la confianza de la sociedad en las instituciones democráticas. Hay que hacer ver a la sociedad el valor que tiene la libertad y no que tome conciencia de ese valor cuando ya se haya perdido la libertad”.

La lista de posibles represaliados que publicó la revista «Actual»

                Desde los escaños de la UCD, el diputado y alcalde vejeriego Antonio Morillo, también temía lo peor cuando vio que dos guardias le vigilaban estrechamente: “Yo me di cuenta de que uno de los guardias me miraba fijamente sin parar, y yo pensé que quizás me tenía ganas porque entonces yo ocupaba la presidencia de la comisión de Derechos Humanos del Congreso, en donde se veían a menudo supuestos casos de tortura en los que aparecían implicados miembros de la Benemérita. Intenté en vano esquivar su mirada siempre fija, pero lo peor vino cuando pedí ir al servicio y este guardia le dijo a su compañero ‘a éste, déjamelo a mí’. Yo pensé que había llegado mi última hora. Me levanté y el guardia se colocó detrás mía con su fusil. Cuando íbamos por el pasillo me tocó con una mano en el hombro y cuando yo esperaba lo peor me encontré con que me dijo que se acordaba mucho de mí y que él y su familia me estaban muy agradecidos porque les había ayudado mucho cuando había estado destinado en Vejer”.

           Mientras Rafael Román estrenaba su cargo de consejero de Cultura de la Junta de Andalucía con una rueda de prensa a la que no acudió ningún periodista, el poeta Rafael Alberti, como millones de españoles, fue uno de los testigos excepcionales de aquel suceso histórico: “Esta historia violenta y vergonzosa conseguirá tal vez crear una conciencia democrática en España: ha sido una lección muy impotante”, declaró a “La Stampa”.

El periodista isleño José Oneto pasó años siguiéndole la pista a la extraña madeja del 23-F. Aquel mismo año publicó ‘La noche de Tejero’, que acaba de revisar tres décadas después con nuevas aportaciones. Hace cinco años, el que fuera director de ‘Cambio 16’ y de la revista ‘Tiempo’ desveló ya algunas historias no contadas de aquella jornada memorable: a su juicio, el cerebro de la intentona fue Alfonso Armada en connivencia con el comandante Cortina, del Cesid, su hombre de confianza. Armada habría sido el famoso Elefante Blanco, «aunque probablemente él lo desconocía», afirma Oneto.

Oñate, el Gobernador Militar del Campo de Gibraltar, rechazó la oferta de la extrema derecha

A las diez de la mañana del 19 de febrero de 1982 daba comienzo en las instalaciones del Servicio Geográfico del Ejército, en la barriada de Campamento en Madrid, el juicio contra 33 imputados por el 23-F que condenaría por rebelión a 21 militares y al civil Juan García Carrés por un delito de conspiración. A Tejero, a Milans y Armada les sería finalmente impuesta una pena máxima de 30 años de reclusión y la accesoria de pérdida del servicio. Tejero cumplió 15 años y 9 meses, pero el cautiverio de Milans y Armada no pasó de diez. Otro de los reos fue el coronel José Ignacio San Martín, que llegó a publicar el libro ‘Apuntes de un condenado por el 23-F’. Cumplió condena en el Castillo Santa Catalina, en Cádiz. Allí, según contaba, se le habían negado algunos beneficios de la prisión militar, poco antes de ser liberado en junio de 1986: «Me han dado una propina de 40 días y espero salir el 24 de junio. Me han quitado la redención por ‘donaciones de sangre’. Es la primera vez que lo hacen».

Lo cierto es que no fue el último intento de Golpe. Se conocen, al menos, otros dos, que habrían tenido lugar en octubre de 1982 y en 1985. A raíz de la primera de dichas conspiraciones, Milans del Bosch, que permanecía detenido tras el 23-F fue confinado en la Huerta del General, en Algeciras, con las visitas restringidas durante varias semanas.

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